Con sentido de humor, el Dr. Manuel Ayau Cordón usaba las siglas C.T.G. para referirse al Costo de Tener Gobierno. El debate nacional en torno a la aprobación del presupuesto general nos recordó que a los ciudadanos no nos sale gratis tener gobierno. Lástima que el clima de zozobra en que vivimos ahoga las voces sensatas que podrían discutir racionalmente qué tamaño debiera tener el gobierno, qué funciones prioritarias debería realizar y cuáles candados podrían reducir los niveles de la corrupción, los déficits y la deuda.

Las manifestaciones recientes en Guatemala y alrededor del mundo nos alertan sobre otro oneroso costo que enfrentamos: el costo de la crisis política permanente (C.C.P.P.). Los videos de disturbios en varios países revelan la existencia de grupos dedicados a generar crisis políticas. Capitalizan sobre la indignación legítima de los ciudadanos. El asesinato de George Floyd, los contratos con Odebrecht, el “agua mágica” para Amatitlán, el aparente fraude en Bolivia, unas medidas de austeridad en Ecuador, la agenda LGBT+, el odio a la iglesia: son fósforos que prenden y movilizan a ciudadanos de buena voluntad. Las frecuentes invasiones de propiedad privada, los bloqueos, las huelgas, las extorsiones y la delincuencia de las maras incrementan el C.C.P.P. Quienes controlan la crisis creen que la inestabilidad sirve sus intereses y, en algunos casos, emplean la violencia para acceder al poder.

La parte cuantificable del C.C.P.P. es la punta del iceberg. Se pueden contar los muertos, los heridos, los saqueos, las estatuas derribadas y los edificios públicos y comercios privados pintarrajeados, quemados o destruidos. Es posible calcular las pérdidas económicas provocadas por la violencia. Con una inversión relativamente baja, los organizadores de la crisis generan pérdidas multimillonarias.

El irrespeto a la propiedad acarrea costos duraderos. Nuestro derecho a la libertad, la vida y la propiedad están íntimamente entrelazados. Cuando se vulnera uno, se vulneran los demás. Es caro reponer mercadería robada o destrozada. Es caro invertir en alambre espigado, guardias, alarmas, seguros y demás protecciones. ¿Cuántos guatemaltecos habrán cerrado definitivamente sus emprendimientos o decidido emigrar por la constante amenaza a su vida y su propiedad? ¿Cuánto nos empobrece el desaliento a la inversión nacional y extranjera?

La crisis permanente destruye el tejido social y alimenta la desconfianza mutua. Vivimos sospechando unos de otros; dominan los insultos y el odio. ¡Fascista, neofascista! Esas son las etiquetas favoritas de los sembradores de crisis. Las pintas antiautoridad, antipolicías, antiempresario y antirreligión son un común denominador. Claramente nos quieren convencer de que la concordia es inviable y el enfrentamiento es inevitable. No quieren negociar, sino vencer.

Buscan deslegitimar a la autoridad. Se exige la renuncia o destitución del gobierno de turno; se retrata a las fuerzas de seguridad como coches. Envuelven en un aura al líder anónimo, al demagogo y al influencer. El C.C.P.P. se aventaja de la desinformación y el rumor.

Los promotores de la crisis crean falsas expectativas. Prometen que la violencia cesará cuando nos gobiernen ángeles, se desvanezca la corrupción, promulguemos la constitución revolucionaria, se “resetee” la naturaleza humana o se redistribuya la riqueza. En pocas palabras, nos condenan a la inestabilidad eterna.

El C.C.P.P. es neta y absolutamente destructivo. Jamás nos acercará a un régimen de estado de Derecho, a una sociedad más justa y humana ni al respeto a la libertad, la vida y la propiedad de las personas.