Una de las principales estrategias de las dictaduras —explícitas, solapadas o en plena evolución— es atacar a la prensa independiente para cercenar de un certero golpe la capacidad de reflexión, análisis y convocatoria de la ciudadanía ante los abusos de sus gobernantes. La prensa correctamente orientada hacia el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a ser informado es el instrumento indispensable en la consolidación de las democracias. Esto lo saben bien quienes aspiran a ejercer el poder sin fuerzas opuestas, en un ambiente controlado al cual no tenga acceso la mirada pública.
Los ataques a reporteros en las manifestaciones de protesta solo siguen un instructivo propio de regímenes absolutistas; al igual que la infiltración de elementos criminales en el corazón de acciones pacíficas, con el objetivo de generar miedo, dudas y deserciones. El ataque físico contra los elementos de la prensa se dirige puntualmente a evitar la divulgación de la noticia veraz y la denuncia de abusos policiales contra la población indefensa. Los ejemplos de Guatemala, Francia, Hong Kong, Chile y otros países en plena ebullición política muestran de modo explícito cuán importante es para los proyectos antidemocráticos silenciar a los periodistas independientes, mientras engrasan la mano de los mercaderes de la prensa con millones de dólares en publicidad y sobornos.

El precio de no saber es demasiado elevado como para ignorar ese peligro. La población jamás debe permanecer ajena al flujo de la información sobre los planes, acciones y riesgos implícitos en el actuar de sus instituciones. Por eso la represión y los ataques contra la prensa desde gobiernos aliados con organizaciones criminales, como sucede en Guatemala; o dirigidos hacia el expolio total de las riquezas nacionales, como en Chile; o hacia la destrucción de valores humanistas, fundamentos de una de las democracias más sólidas, como en Francia.

El ejercicio periodístico está bajo enormes presiones y una de las más riesgosas es el debilitamiento de sus fuentes de financiación. El marco tradicional de periódicos y noticiarios de televisión con grandes plantillas de reporteros, editores, fotógrafos y diagramadores comenzó a disgregarse paulatinamente con el acceso fácil a la información desde las redes sociales y los medios digitales, y hoy son miles los periodistas desempleados. Sin embargo, esta realidad que golpea fuertemente a los profesionales de la prensa también es un hachazo al derecho de la ciudadanía a ser informada.

El peligro de no saber es real y, de hecho, ha tenido gran influencia en la profunda ignorancia de algunas sociedades sobre la verdad de su pasado, así como los peligros de su presente y de su futuro. Esta es la realidad de muchos países en manos de grupos de poder corruptos, pero premunidos de un sistema de propaganda casi infalible, mediante el cual —y gracias al recurso de contratos millonarios con medios aliados— engañan a un pueblo desinformado y logran su objetivo de consolidar posiciones en cada proceso electoral, elevando al poder a los individuos más nefastos.

El derecho a la información pública es inalienable en cualquier sistema democrático. Sin embargo, quienes lo ejercen todos los días para dar a la ciudadanía un reporte veraz y exhaustivo sobre las decisiones que afectan su vida, su economía y el futuro de su familia han de luchar contra fuerzas opuestas arriesgando su vida en el proceso. Respaldarlos y contribuir a mantener esa independencia es hoy una importante tarea de las sociedades, por su propia supervivencia.