Explicamos quiénes fueron los funcionarios que tomaron un rol protagónico durante la elaboración, discusión, búsqueda de apoyos y aprobación del ya engavetado presupuesto.
La iniciativa de ley fue presentada por Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, el principal asesor en materia financiera del gobierno de Alejandro Giammattei. El Ejecutivo buscó la aprobación de un presupuesto histórico por un monto de Q99 mil 700 millones y ya lo habían conseguido gracias al apoyo de la alianza oficial que operó desde el Legislativo.
Esta estrategia comenzó desde la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que es presidida por el diputado oficialista Duay Martínez, quien asegura que todo su trabajo fue transparente.
Pero una de las últimas sesiones en la que se discutió el presupuesto fue a puerta cerrada, no hubo transmisión en los canales de difusión del Congreso y fue rodeada de especulaciones de diputados de oposición que advertían de reuniones secretas entre congresistas afines a la alianza y el presidente Giammattei.
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La Junta Directiva, encabezada por el oficialista Allan Rodríguez, también jugó un papel clave. La sesión del martes 17 de noviembre, que culminó al día siguiente, comenzó mucho tiempo después de la convocatoria, para dar tiempo a que la Comisión de Finanzas que terminara de elaborar el dictamen de la iniciativa.
En la plenaria, Jorge García Silva, diputado de Prosperidad Ciudadana e integrante de la Comisión de Finanzas, presentó una moción para incluir en la agenda la discusión del presupuesto para el 2021.
Algunos diputados ya sospechaban que oficialistas y aliados buscarían aprobar un presupuesto sin mayor análisis y discusión. Evelyn Morataya, de Bienestar Nacional (Bien) y Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, son algunas de las voces que sonaron en contra.
Los legisladores de la oposición explicaron que aún se podía esperar y que era imposible estudiar un dictamen de más de 100 páginas, cuando algunos de ellos, a las 17 horas del 17 de noviembre, ni siquiera tenían una copia del dictamen.
Esas tácticas que orillaron a la aprobación del presupuesto ocasionaron un estallido social. Muchos afirman que fue la gota que derramó el vaso. El sábado 21 de noviembre comenzaron las protestas y un grupo de supuestos manifestantes quemó un ala del Congreso.
Aunque en los últimos días diputados han condenado y hasta tachado de actos terroristas lo sucedido ese fin de semana, el día de las primeras protestas ninguno de los congresistas se atrevió a hacer señalamientos de ese tipo.
Incluso la Junta Directiva prefirió guardar silencio y apareció hasta la madrugada del lunes 23 de noviembre, acuerpada de diputados que se creía eran de partidos de oposición, afirmando que tomarían medidas por el rechazo al presupuesto que terminó siendo archivado.
Estos son los operadores del presupuesto:
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas y Moneda
Es el principal responsable para que el presupuesto camine. El ministro se encuentra en el punto más crítico y débil de su gestión, y en el juego político, se puede convertir en el personaje sacrificado ante la coyuntura.
Fue diputado de 2012-2016 —bancada Creo, fue subjefe de bloque— y tiene buena relación con la mayoría de diputados. Integró la Comisión de Finanzas y conoce bien las interioridades de una gestión y aprobación de un presupuesto. También presidió la comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria —2012 y 2014—. “No es lo mismo estar en la trinchera del Congreso que de estar en lado de ejecución y planteamiento desde el Ejecutivo”, afirma.
No planteó un presupuesto de acuerdo con la situación del Estado, sobre todo por los efectos del covid-19. El principal error fue estructurar un plan de gasto por encima del 5% para 2021 y con 32% de deuda. Lejos de contar con una austeridad o equilibrios fiscal, se planteó un presupuesto muy deficitario, sin justificación de algunas partidas y el ministro no planteó un programa técnico ajustado a las finanzas del Estado.
Hubo sectores que tuvieron influencia en el presupuesto, y fue aprovechado por el Congreso para ponerle sus puntos negativos, que terminó en colapsar el presupuesto y es un fracaso muy significativo para el ministro.
Al preguntarle al ministro por qué falló la aprobación del presupuesto destaca que fue la premura de aprobación el 18 de noviembre. Dijo que la Comisión de Finanzas realizó más de cien audiencias y participaron para exponer el presupuesto, así como los consensos anticipados, y los diputados querían regresar a sus distritos por el tema de la tormenta Eta.
“El hecho de haber conseguido el consenso tan rápido y que los diputados tenían que regresar a sus distritos se hizo un proceso apresurado que generó falta de confianza e información”, justificó.
Duay Antoni Martínez Salazar
Presidente de la Comisión de Finanzas
Se estrenó como diputado este año en la bancada oficialista Vamos. Aunque representa a Quetzaltenango es originario de San Marcos. En 2017 trabajó para la Contraloría y, durante las elecciones, organizaciones locales lo señalaron de ser contratista del Estado.
Su rol para la aprobación del cuestionado presupuesto 2021 fue clave. Como presidente de la Comisión de Finanzas convocó al resto de diputados para las discusiones. Giró invitaciones a las instituciones que reciben fondos del Estado para conocer sus necesidades. Esta primera fase del trabajo fue aplaudida, pero esa política de “puertas abiertas” quedó opacada cuando en las últimas reuniones se impidió el acceso de la prensa y no se transmitió por el canal del Congreso o por sus redes sociales.
No se publicitó la sesión del dictamen, que fue donde se detallaron Q100 millones para la compra de un edificio para el Legislativo. Fue a solo minutos para su discusión y aprobación ante el pleno; analistas afirmaron que la rapidez de promoverlo de urgencia nacional fue una táctica para evitar que el documento fuera objeto de un estudio minucioso. Duay Martínez fue declarado “non grato” por organizaciones civiles e indígenas de Quetzaltenango ya que, aunque votó a favor de una serie de préstamos para contener la crisis del covid–19, las organizaciones no vieron fiscalización por parte del diputado.
Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Presidente de la Junta Directiva del Congreso
Diputado de Vamos. Representa a Sololá. Preside la JD y lo hará por segundo año consecutivo. Antes de ser diputado fue asesor del exdiputado Fernando García Gudiel —PP—, actual representante del Congreso ante la Junta Monetaria.
En el 2015 fue candidato de la alianza Creo–Unionista con quienes tiene una buena relación. Su elección como presidente de la JD recibió cuestionamientos por presunta negociación de votos. La UNE incluso señaló que hubo pagos de hasta Q100 mil a cambio de apoyo.
El 18 de noviembre, la JD habría retrasado el inicio de la sesión para darle tiempo a la Comisión de Finanzas para tener listo el dictamen del presupuesto.
Esa aprobación le costó caro al Congreso y desató una serie de protestas desde el sábado 21 de noviembre. Durante una reunión en el Ministerio de la Defensa, Rodríguez convocó a los jefes de bloque aliados para anunciar que se frenaba el trámite de la ley, para evitar que la discusión y responsabilidad quedara en manos del presidente Giammattei, según diputados de la oposición.
Los escasos meses que Rodríguez lleva en la curul no son compartidos por comunidades indígenas de Sololá quienes también lo declararon “non grato”.
Jorge Adolfo de Jesús García Silva
Jefe de bloque de Prosperidad Ciudadana
Integra cuatro comisiones, incluida la de Finanzas Públicas y Moneda. Es diputado primerizo y en menos de un año su nombre y rostro es de los más identificados de los 160 congresistas, esto por decisiones cuestionadas por algunos sectores sociales.
Presentó una iniciativa de ley para exonerar de impuestos durante 100 años a nuevas empresas; también promovió un punto resolutivo para que el país se pronunciara por la pandemia, pero, en la parte final, apresuró la tercera lectura y redacción final de las reformas a la ley de oenegés, táctica calificada como un trampa.
Para la plenaria del 18 de noviembre, presentó una moción para que el presupuesto fuera incluido en el orden del día, a pesar que el dictamen, de más de 100 páginas, había sido entregado unos minutos antes.
Incluso Edwin Escobar, excandidato presidencial de su partido, anunció que está por presentar una denuncia contra García Silva, por supuestos negocios y arreglos al margen de la ley. Escobar indicó que debe de alertar de esta situación al MP, Contraloría General de Cuentas y hasta al Tribunal Supremo Electoral. Pidió a las bases del partido desconocer al diputado García Silva por dudar de sus actos como parlamentario.
Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán
Subjefe de la bancada Creo
Representante por el distrito de Guatemala. Integra cinco comisiones de trabajo. Es quien más experiencia tiene en el ruedo político. Fue presidente de la Junta Directiva —2017–2018—. Si bien no ocupa cargo en la actual directiva, ni forma parte de la Comisión de Finanzas, manifestó apoyo a la alianza oficialista y votó a favor, junto a su bancada, por la iniciativa del presupuesto. El único que votó en contra fue el jefe de bloque.
Analistas coinciden en identificar al partido Creo como una fuerza sólida, con representatividad en un ala económica del país y de oposición, pero el subjefe decidió respaldar el cuestionado decreto 33–2020 que el propio Congreso se vio obligado a archivar por la presión ciudadana.
Incluso en el criticado mensaje que dio la actual Junta Directiva, la madrugada del lunes 23 de noviembre, el diputado Chinchilla se encontraba entre aquellos jefes y subjefes de bancadas seleccionados por el oficialismo para anunciar el acuerdo político en torno al proyecto presupuestario.
Ese compromiso político se consiguió durante un encuentro que se desarrolló a espaldas de los jefes de bloque de la oposición, ya que afirmaron que en ningún momento fueron convocados por el presidente Allan Rodríguez.
Jorge Estuardo Vargas Morales
Diputado de UNE
Jefe de la fracción de diputados aliados de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), electo por el listado nacional e integrante de dos comisiones de trabajo.
Ha sido uno de los diputados más mediático en el primer año de la novena legislatura, comenzando por un distanciamiento a lo interno de su bancada, que se perfilaba como un muro de oposición para el oficialismo.
Esas impresiones se desvanecieron rápidamente cuando el 14 de enero varios uneístas, liderados por Vargas, rechazaron una planilla encabezada por el diputado Orlando Blanco, quien buscaba presidir el Congreso.
Aún con esas posturas, la UNE decidió otorgar a Vargas la subjefatura de bancada, pero las diferencias políticas crecieron, a tal punto que los uneístas de Vargas decidieron apoyar las acciones políticas del oficialismo.
Incluso esta fracción ocupa una de las secretarías de la directiva representada por Santiago Najera, y Vargas acompañó a la Junta Directiva y al resto de aliados oficialistas para la cadena nacional, de madrugada, en donde adelantaron que las intenciones del parlamento sería archivar el decreto 33–2020.
Su operación otorgó 38 votos de la UNE al presupuesto 2021.
