Le podría interesar
En esta oportunidad el detonante ocurrió cuando el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, anunció que habían recibido un oficio del Organismo Judicial (OJ), relacionado a las denuncias que enfrentan dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Algunos parlamentarios solicitaron la palabra para dar su punto de visto, pero Rodríguez se los negó siguiendo con su intervención. Bancadas de la oposición afirman que el oficialismo buscaba integrar la comisión pesquisidora, aprovechándose de la alta asistencia legislativa que se reunió, exclusivamente, para responder al clamor popular de la reciente jornada de protestas.
Los diputados inconformes se levantaron de sus asientos e invadieron el área destinada a la Junta Directiva; no era posible escuchar la discusión porque el equipo de transmisión del Congreso apagó los micrófonos, pero bastaba con ver el rostro de los diputados para saber que más de uno estaba molesto por el sorpresivo intento para integrar una comisión pesquisidora contra los magistrados de la CC, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.
“Ayer cuando se iba a realizar ese punto vimos la reacción, creo que todo el pueblo de Guatemala fue testigo, de algunos diputados que sin argumentos vinieron a hacer un show, un espectáculo, un abuso en la mesa de Junta Directiva en aras de impedir que se cumpla con la ley”, respondió Rodríguez.
Los datos expuestos en la sesión dan cuenta que los antejuicios llegaron al Congreso el viernes de la semana pasada, pero el tema tampoco fue presentado por la Junta Directiva en la sesión de Jefes de Bloque, donde se elaboró la propuesta de agenda para la sesión de Pleno.
La denuncia
El antejuicio promovido contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, detalla los cargos de falsedad ideológica, prevaricato y abuso de autoridad, según la abogada Amanda Santizo, quien formuló la denuncia contra los magistrados.
La profesional de las leyes afirma que decidió, tras conversar con otros abogados, que era momento de frenar la forma en que algunos operadores de justicia aprovechan la ley a su beneficio, resaltando un “autoamparo” que frenó diligencias de antejuicio contra magistrados Constitucionales.
“Considero que como ciudadanos guatemaltecos comunes estamos ya cansados de que no funcionen las instituciones de justicia y se dediquen solo a atacarse políticamente unos con otros por medio de la justicia, el argumento fue también con el movimiento cívico de Guatemala Inmortal, ya estábamos muy indignados con esos autoamparos, varios abogados hicimos un análisis en cuanto a eso y dijimos que si seguimos permitiendo esto, vamos a tener un Estado totalmente afectado”, argumentó.
Este antejuicio fue impugnado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien presentó una acción de amparo ante la máxima Corte, esperando que el trámite de esos antejuicios quede suspendido.
“Ya hay antecedes, la vez pasada también ya habían conformado la comisión pesquisidora y un amparo que yo presenté como Procurador lo paralizó, estoy esperanzado que una vez más la CC fortalezca el Estado de Derecho ante esa intención perversa, de una vez digo categóricamente que no se vaya a hablar de un autoamparo porque ellos no lo están pidiendo, soy yo porque la justicia es un derecho humano”, manifestó el magistrado de conciencia.
¿La CC en juego?
Abogados Constitucionalistas tienen diferentes puntos de vista al ser consultados por las posibles intenciones de fondo de este antejuicio. Gabriel Orellana opina que un proceso de este tipo devastará de manera irreversible la Constitución.
“Es totalmente poner el sistema patas arriba como diríamos corrientemente, es algo que solamente cabe en alguien que está realmente interesado en destrozar el sistema, pero lamentablemente no es destrozarlos solo durante un mandato gubernamental, es destrozarlo y negar el sistema Constitucional completo a nuestro país. Ojala que los diputados tengan la suficiente capacidad de raciocinio para darse cuenta en el peligro que están poniendo, no solo al país sino a ellos mismos (…) esto sería lo más nefasto que puedan hacer estos señores de la novena avenida, estarían condenándose para el juicio histórico que poco les importa, el daño que le harían al país sea inmensurable”, resaltó.
Pero a criterio de Fernando Linares Beltranena, Constitucionalista y exdiputado, es una oportunidad para limpiar la instancia de justicia, “aparte es la institución, que la creamos en la Constitución de 1985, ha habido muy buenos magistrados pero desgraciadamente se han infiltrado algunos, como los liderados por Gloria Porras, de una tendencia totalmente socialista como han sido muchos de esos fallos; estos son delitos continuados y por lo tanto flagrantes”.
El tramite
Por tratarse de un antejuicio contra magistrados de la CC el tramite debe ser conocido por el Pleno de diputados, quien debe crear una comisión pesquisidora de cinco diputados mediante sorteo, cuando se esté en periodo ordinario; en caso contrario la comisión será integrada por tres congresistas de la comisión permanente.
Según David Gaytán, consultor en temas de transparencia, es probable que los diputados agilicen esa denuncia, “intentan a toda costa seguir debilitando la Corte de Constitucionalidad, es realmente preocupante y nosotros como población también nos deberíamos de fijar en estos elementos que también están vulnerando el estado de Derecho en Guatemala, que van a tener, sin duda alguna, la validación dentro del Congreso”.
Para José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), la postura de algunos diputados impedirá que el tema avance con rapidez, “no creo que vaya a transcurrir de una forma acelerada, parece que ya hay algunos pronunciamientos de partidos políticos y de bancadas que tienen bastante número de diputados, ya han comunicado algo alrededor y pareciera que no va a ser algo tan inmediato”.
Por finalizar periodo ordinario
Este 30 de noviembre finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, lo que vendría a complicar el proceso de antejuicio contra los magistrados Constitucionales, según algunos juristas.
Entre los argumentos explican que por haber sido notificados de la denuncia en periodo ordinario, es en ese mismo lapso en que se tengan que desarrollar las diligencias de antejuicio, lo que significaría a partir del próximo 14 de enero y mediante una sesión parlamentaria.
También existe la posibilidad que la futura Comisión Permanente decida integrar en periodo de receso la pesquisidora, con lo que se evitarían la convocatoria a un Pleno y crear la mesa mediante un sorteo, ya que tres legisladores de la Comisión se harían cargo, pero este último punto lo ven poco probable por las implicaciones legales que podría tener una decisión de ese tipo.
El presidente del Congreso manifestó que aún esperan celebrar una última sesión plenaria, exactamente el 30 de noviembre, de la que por ahora se desconoce cuales serían los temas propuestos para ese orden del día.
