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Será más del 15 por ciento de la población del país la que estará en el umbral del hambre entre noviembre de este año a marzo del próximo, de acuerdo con el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), elaborado por diversas instituciones encabezadas por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).
La inseguridad alimentaria, según el CIF, tiene cinco fases, en las dos primeras -mínima y acentuada- los hogares son capaces de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas sin recurrir a estrategias de emergencia. Alrededor de 14 millones de habitantes tienen capacidad de hacerlo.
Mientras que en el tercer estadio comienza a haber crisis y las personas experimentan irregularidades en el consumo de alimento, y para poder comer recurren a sus ahorros, créditos, reducción de gastos, cosechar cultivos inmaduros, entre otras medidas. Son 2.5 millones de guatemaltecos que desde ya están en esta condición.
Pero hay otro grupo que la pasa peor, el que se encuentra en la fase cuatro, llamada de emergencia, en la cual están 163 mil personas. Acá la población soporta serios problemas en el consumo de alimento que lleva a niveles elevados de malnutrición y mortalidad. Lograr mitigar el hambre representa recurrir a estrategias de subsistencia de urgencia y a la venta de activos del hogar o propiedades, trabajar solo por alimentos y a reducir gastos para producción.
Según el análisis, dos de cada diez habitantes de Quiché, Chiquimula, Huehuetenango y Totonicapán enfrentarán la mayor severidad de crisis alimentaria aguda. En estos cuatro departamentos 785 mil 427 pobladores tendrán dificultades para alimentarse.
Quienes están en peor condición son los que generan sus ingresos a través del trabajo jornalero, comercio informal y agricultores de subsistencia. Son grupos que destinan la mayor parte del dinero que obtienen en la compra de alimentos, acá se ubican los pobres extremos en el ámbito rural, que tienen mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas.
Cambio drástico
El escenario que el CIF plantea para los próximos cinco meses muestra una reducción en la cantidad de personas con crisis alimentaria aguda comparado con el trimestre anterior, es un millón menos, pero esto se debe a que para este período se esperaba una estabilización de precios de los granos básicos, pues la primera cosecha traería mayor disponibilidad de alimentos y la cosecha postrera mejoraría la existencia de productos en los mercados y en los hogares.
También se vislumbraba que el levantar las restricciones impuestas por la emergencia del covid-19 traería la reactivación económica y favorecería la recuperación de empleos, los jornaleros se verían favorecidos ya que a partir de noviembre comienza la demanda de mano de obra en las plantaciones de café, caña de azúcar, cardamomo, entre otras.
Sin embargo, la temporada de intensa lluvia y los desastres ocasionados por las depresiones tropicales -Eta e Iota- dejaron un país lastimado, y comunidades que estaban en la cuerda floja de la crisis alimentaria y tenían la esperanza de mejorar, ahora se encuentran en peor condición.
Maritza Méndez, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) señala que luego de las depresiones tropicales Eta e Iota, sin duda, habrá más guatemaltecos que estarán en inseguridad alimentaria, pero será necesaria realizar una nueva evaluación para tener un dato certero sobre la cantidad de población impactada.
Los desastres de Eta y de Iota
En Tamahú, en Alta Verapaz, por ejemplo, un pequeño grupo de agricultores familiares tenía la esperanza de vender sus productos a las Organizaciones de Padres de Familia en las escuelas para que los distribuyeran a los niños en las bolsas de la quinta entrega de la alimentación escolar, sin embargo, luego de la depresión tropical Eta sus cultivos quedaron bajo el lodo y cubiertos por el agua del río Polochic que se desbordó. “¿No sé que voy a hacer?”, se lamenta uno de ellos, que quizá logre recuperar un 30 por ciento de lo plantado.
Reportes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación indican que la primera depresión golpeó a 59 mil 813 familias que perdieron sus cultivos, afectó plantaciones de café, banano, plátano, pastizales, cardamomo, yuca, manía, caña de azúcar, limón, papa, güisquil, trigo, melón y mango.
Mientras que la segunda impactó a otras 48 mil 864 en una decena de departamentos, y se perdieron cultivos de maíz, frijol, cardamomo, cacao, ejote, brócoli, limón, hortalizas, frutales y melón.
A criterio de Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala, las pérdidas en la producción agrícola en el sur de Petén, la Franja Transversal del Norte y el valle del Polochic tendrán un impacto negativo en los próximos meses, tanto en la disponibilidad de alimentos para hogares de producción de autoconsumo de maíz y de frijol, como en los precios de los mismos productos, lo que afectará el acceso al consumo.
También preocupa las pérdidas en la producción de cardamomo y café, cultivos clave para la generación de ingresos y empleo, esto incrementarán la inseguridad alimentaria que ya estaba exacerbada por el impacto de la crisis del covid-19 entre esta población, que ve esfumarse su única oportunidad de obtener ingresos.
“Es recomendable que esas proyecciones de población en inseguridad alimentaria sean revisadas a la luz de este nuevo impacto en los medios de vida rurales, además de los casos especiales que representa toda la población que tuvo daños en sus viviendas”, dice Aguilar, pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta que 40 mil viviendas sufrieron daños, lo que implicaría un reto adicional para las familias afectadas.
De esa cuenta serán más de 2.7 millones de personas las que enfrentarán inseguridad alimentaria en los próximos meses y requerirán asistencia con urgencia.
“Si ya estábamos mal, en este 2020 -que afectó el clima y la pandemia- corremos el riesgo de no lograr la meta que tiene la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de reducir un 7% de la desnutrición, pero si no se atiende el problema, no se logrará el objetivo y podríamos caer en un tema de hambruna”, menciona Tobías Tzoc, coordinador de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas).
Hasta octubre pasado se detectó 24 mil 364 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda, y de ellos 16 han fallecido. De acuerdo con Tzoc, este es un tema que va más allá de resolver la falta de alimentos, y se necesita de asistencia alimentaria y de apoyo económico a los más vulnerables, sin embargo, estos programas son poco eficiente, “los procesos se retrasan y el hambre no espera”.
Al ser consultada sobre las acciones se tomarán para apoyar a esta población y evitar que su condición sea peor, Méndez indica que en el marco de la función 13 del Plan Nacional de Respuesta Gestión de Alimentos, “los centros de operaciones de emergencia municipales están integrando los expedientes de las familias afectadas por las depresiones tropicales para que reciban asistencia alimentaria por medio del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN/MAGA-“.
Si bien la asistencia alimentaria en especie (raciones de alimentos) y las transferencias monetarias sin condicionalidad son las herramientas más idóneas para apoyar a esta población, para Aguilar las mismas deben aplicarse con criterios técnicos claros, tanto en la focalización, como en la duración, la brecha que debe de cubrirse y la temporalidad adecuada para que los recursos lleguen a las perdonas en crisis.
“La protección social es un derecho de los ciudadanos, no un ‘regalo’ o ‘favor’ que se les hace por parte de los funcionarios de turno. Ese cambio de paradigma en la administración pública es importante para que los programas de protección social no sean clientelares o ejecutados sin la calidad requerida”, agrega el jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala.
