Si el Congreso no aprueba el proyecto, se tendría que indemnizar a la firma que ganó el concurso que llevó a cabo la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). El monto estimado de la indemnización rondaría los Q30 millones.
Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, explicó que la obra tiene una inversión estimada de Q960 millones.
“Vemos que hay buenas actitudes de algunos legisladores y otros que mantienen las dudas y lo que estamos tratando de hacer es aclarar estas dudas de cómo funciona una APP y que todos tenga la misma información y con esos datos decidan desde su óptica cual es la mejor premisa”, subrayó el ejecutivo en conferencia de prensa al dar a conocer el estatus del proyecto que tiene 44 kilómetros.
Dos caminos
Comentó que están conscientes de que se puede perder el proyecto –al no aprobarse por el Congreso– y reiteró que están las dos vías: seguir adelante con la obra o por algún motivo la no aprobación del contrato y caer en la indemnización.
Testelli dijo que el riesgo que han observado es no contar con la autopista y pagar la indemnización, que es el peor de los escenarios, aunque aclaró que es una decisión que le compete al organismo Legislativo.
Dijo que se cree que el proyecto es una buena señal bajo el esquema de APP para los inversionistas extranjeros, “ya que Guatemala necesita 20 mil kilómetros de infraestructura y no 40”.
Reiteró que el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal no hay que verlo como un proyecto si no como un mecanismo para hacer infraestructura, marcará la señal para los próximos años para la creación de infraestructura, que en este caso se convertirá en el principal brazo logístico de Centroamérica.
Por ese tramo circula más del 50% de las importaciones y exportaciones de Guatemala.
René Muñoz Barnoya, director de Asuntos Corporativos de Convía, añadió que, por el monto de inversión estimada, y el impacto de empleo que se generará, es un motor para reactivar la economía, golpeada por los efectos del coronavirus y recientemente por la tormenta Eta e Iota.
La banca local estaría financiando la ejecución del proyecto, si se concreta.
El pasado 4 de noviembre la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso conocer la tercera lectura del contrato, que, por ley, deberá conocerlo.
