La aprobación de un presupuesto vergonzoso y criminal, por su contenido y por la forma como fue negociado y aprobado —con alevosía, premeditación y nocturnidad, tan parecido al modus operandi de las redes criminales—, fue la gota que derramó el vaso del hartazgo ciudadano.

En plena pandemia y en el medio de una crisis económica y social generalizada, que se agudizó con las tormentas Eta y Iota, la clica de diputados aliados del oficialismo aprobó un presupuesto que le recortó Q750 millones a hospitales y centros de Salud y Q200 millones al programa de combate de la desnutrición —cuando el 50% de los niños y niñas menores de 5 años la padecen—, para desviarlos a sus negocios y sus caletas, las propias y las de sus socios y financistas.

De tal magnitud fue el asalto al presupuesto que no previeron fondos suficientes para la adquisición de las vacunas contra el covid-19, lo destinado apenas alcanza para cubrir al 17% de la población. En contrapartida, engrosaron los rubros para alimentos y viandas de los diputados y para comprar un edificio nuevo con lujos y comodidades. Ampliaron los recursos del Centro de Gobierno, el juguete del niño consentido de Giammattei, y destinaron Q330 millones para un inútil seguro escolar privado, otra fuente de corrupción, mientras la gente se debate entre el hambre, la pobreza y la pérdida de sus escasos bienes y cosechas tras deslaves e inundaciones.

El pueblo, hastiado de la miseria, la corrupción, el ejercicio abusivo del poder y el robo descarado de los recursos salió a las calles y a las plazas, en la capital y los departamentos, para decir ¡Basta Ya! La respuesta del Gobierno fue desatar una brutal represión policial contra una manifestación multitudinaria y pacífica, utilizando como pretexto el incendio en las instalaciones del Congreso, que todo parece indicar fue parte de un burdo plan de los aparatos de inteligencia del gobierno.

Usaron gases lacrimógenos contra niñas y niños, personas mayores y familias enteras que estaban en La Plaza con banderas y carteles. Obligaron a la gente a salir corriendo para “cazarla” mientras huía. Golpearon bestialmente a decenas de jóvenes y realizaron capturas arbitrarias e ilegales. Hasta sacaron un carro lanza agua, cuando ya no quedaba casi nadie en las calles del Centro Histórico, para mostrar la súper mano dura. Bien de manual de los cuerpos represivos bajo el mando de oscuros personajes que añoran las dictaduras.

Aplicaron en la capital la misma brutalidad con la que actúan contra las comunidades y los pueblos indígenas en los desalojos de tierras y en la represión de los movimientos de resistencia. La ley de la sangre y el plomo.

Por si no hubiera sido suficiente, en una muestra de cinismo sin límites, el presidente se victimizó y apeló al desprestigiado secretario general de la OEA, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática contra el pueblo al que reprimió con ferocidad. Almagro, que hace muy bien los mandados, se aventuró a tachar de vándalos a los manifestantes, mientras la CIDH reclamaba por la violaciones a los derechos de movilización y libertad de expresión y por los excesos en el uso de la fuerza pública.

Giammattei, Rodríguez y su impresentable junta directiva siguen sin entender que el hastío ciudadano no es solo por el presupuesto, sino por la corrupción, el nepotismo, la narcopolítica, el robo descarado, la represión, el abuso de autoridad y la cooptación de la justicia. Que no resuelve nada encerrarse —otra vez de madrugada— en un cuartel militar a conspirar y que no alcanza con engavetar el presupuesto, que dicho sea de paso, solo se puede hacer con el concurso del Pleno.

Reclamamos más democracia y cambios profundos para transformar la realidad. Y ustedes, quedó clarísimo el sábado, son parte del problema y no de la solución.