El contrato está pendiente de que sea conocido en tercera lectura por el pleno del Congreso como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, los diputados que integran la Comisión de Finanzas del Congreso asignaron una partida de Q222 millones en el artículo 122 del presupuesto del 2021.
Representantes de sectores consultado, señalan que este es un mensaje que daña la certeza jurídica del país para posibles inversionistas, en este tipo de proyectos de infraestructura con el esquema de APP.
Asignación
“Dentro del presupuesto de egresos se asigna Q222 millones para fines de iniciar el trabajo construcción/mejoramiento de la carretera CA-9 Sur Tramo A: kilómetro 69.9 Escuintla al kilómetro 102.1 Puerto Quetzal”, señala el presupuesto que fue aprobado por el Congreso el pasado 18 de noviembre.
El artículo, agrega que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) deberán incluir dicho proyecto en el Programa de Inversión Física, Transferencia de Capital e Inversión Financiera, en el cual se encuentra identificado en la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) bajo código 267561 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Precisamente ese es el tramo que corresponde al proyecto de APP.
Interpretación
Consultado René Muñoz Barnoya director de asuntos corporativos de Convía, comentó a Prensa Libre que sorprende la asignación de recursos al tramo carretero, y que se pidieron al CIV las aclaraciones con respecto al código del SNIP.
Muñoz Barnoya, explicó que no aparece el detalle de cómo se integra o para que va a servir, y cuando se hace la revisión en Segeplan en el SNIP no se aclara.
“De parte del CIV que es la parte contratante no la contamos con versión oficial, ni con la Anadie. La unidad de concesiones dice que no hay conocimiento de esta asignación, y nos deja preocupados ya que a través de ellos se realizó el proyecto”, afirmó el ejecutivo.
Agregó que en el SNIP se encontraron dudas, ya que es un proceso que lleva su tiempo y de este proyecto esta generado por el director de la Dirección General de Caminos, pero no aparece ningún detalle, y lo normal es que se cuente con las bases.
Reiteró que como Convía están esperando la versión oficial de parte del Gobierno, de cómo es el proceso y es una sorpresa con la aprobación.
Érick Uribio, director interino de Anadie, expresó que han solicitado al CIV, detalles si se refiere a un mantenimiento o un bacheo del tramo.
Fase legal
Muñoz Barnoya, aseguró que el contrato de la APP está pendiente de que el Congreso lo conozca en su tercera lectura como lo señaló la CC el pasado 4 de noviembre y le estableció un tiempo para conocerlo.
“Es una solicitud de presupuesto que se hace a la carrera y no fue consultada a ninguna entidad que está alrededor del proyecto y hay falta de transparencia para el destino de esos recursos si será para reparar, asfaltar, no se menciona y deja mucho espacio a interpretaciones y estamos esperando la versión oficial al respecto de esto”, enfatizó el representante de Convía.
Dijo, que es muy aventurado decir que el proyecto no camine, ya que hay varios procesos legales para que este pase, y debe llevarse a cabo la tercera lectura con el amparo favorable que emitió la CC el julio pasado.
El proyecto de APP tiene que aprobarse o inaprobarse, y al no conocerse la tercera lectura el contrato sigue vivo.
Riesgos
Muñoz Barnoya, dijo que de inapobarse la APP se tendría que aprobar una cuenta presupuestaria para pagar la indemnización al consorcio.
Si este fuera el caso, Uribio, hace falta esa tercera lectura en el Congreso, y exponer las razones del porque no se aprueba el proyecto APP.
El expediente regresa al Consejo de la Anadie indicando que se debe indemnizar al participante privado que fue el adjudicado y exponer de donde van a salir los recursos para pagar, que, según el reglamento se paga del presupuesto de la institución contratante del Estado que es el CIV.
Además, se determina cuanto se debe de pagar, y debe concluir ese tramite que el pleno lo conozca en su tercera lectura.
Mala señal
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), declaró que esta situación es una señal “completamente errónea a los inversionistas que ya cuentan con un contrato”.
En este proceso de APP, ya existe un contrato con la empresa, sobre el cual el Congreso puede aprobar o inaprobar y no hay otra salida.
“La CC fue clara, indica a Congreso que lo debe agendar votar, y uno estarán a favor o en contra. Lo importante es brindarle certeza la inversionista para que Guatemala no salga perjudicado”, añadió.
