Algunas veces he escuchado el comentario de que es un error que las decisiones de los órganos de gobierno se adopten por motivos ideológicos y no técnicos. Otros se quejan de por qué se politizan cuestiones de índole económica, queriendo significar lo mismo. En fin, con frecuencia se afirma que tal actividad, proyecto u organización estatal se ha politizado, queriendo significar que son criterios políticos, y no técnicos, financieros o de racionalidad económica los que orientan las decisiones de los funcionarios públicos.

Sin embargo, creo que en Guatemala ya son relativamente pocos los aspectos de la actividad gubernamental o del proceso político en que pesan las ideologías. Esto se debe, en gran medida, a que los dirigentes de los partidos políticos han descubierto que, según en la práctica funcionan aquí las reglas del proceso electoral y, posteriormente del control político de la acción gubernamental, que principalmente corresponde al Congreso, no es la ideología de un partido lo que interesa.

En épocas pasadas la importancia relativa de la ideología de un partido era, según mi parecer, mayor que en la actualidad. Digamos que, entre 1960 y 1980, por ejemplo, los ciudadanos en general sabían cuál era la ideología del Movimiento de Liberación Nacional, de la Democracia Cristiana Guatemalteca, del Partido Revolucionario, etcétera. Y creo que esto no se fue perdiendo, sino que las reglas del juego cambiaron. En general, las reglas han ido haciendo más y más costoso, financieramente hablando, organizar y mantener en funcionamiento un partido político, de modo tal que su organización y existencia dependen de contar con fuentes de financiación robustas y estables.

Esto ha llevado, por lo menos en parte, a que los líderes políticos identifiquen a grupos de interés que estén dispuestos a poner dichos recursos financieros. El problema es que esos grupos de interés no están dispuestos a proporcionarlos a cambio de la consistencia ideológica del partido, sino en función de la habilidad de sus líderes de articular procesos legislativos o gubernativos que sean beneficiosos para dichos grupos de interés.

Además, las campañas políticas son costosas a tal punto que muchos partidos políticos exigen de sus precandidatos “aportar” su parte al coste de la campaña. Dichos precandidatos deben llevar a cabo un ejercicio análogo al del liderazgo nacional, ubicando en el departamento o en el municipio financistas que, también por lo general, desean contar con un “conecte” o “enchufe” que defienda o que promueva sus intereses.

De esa manera, una democracia sin ideologías se convierte en una especie de mercado en el que se negocian los grandes y pequeños favores del poder. Muchos partidos políticos van vaciándose de contenido y se presentan dos fenómenos de suyo problemáticos. De cara a los ciudadanos, el populismo; es decir, articular una oferta electoral conformada de promesas de transferencias, medidas paternalistas o directamente redistributivas y, de cara a los financistas, el mercantilismo estratégico, es decir, articular una oferta conformada de privilegios, subvenciones o de proteccionismo.

Así, el populismo va dirigido a grandes conglomerados de votantes que puedan identificarse con la cornucopia de promesas y, por su número significativo, sean capaces de dar la victoria en una segunda vuelta al partido oferente y, el mercantilismo estratégico, a grupos de interés capaces de aportar los fondos necesarios para que, el día de mañana, sus intereses sean defendidos o promovidos. El gran perdedor es el ciudadano medio, que, como lo muestran desde hace unos años las encuestas en Latinoamérica, ya casi no cree en la democracia.