Las fuerzas organizadas para el mal del país, parapetadas en esa guarida llamada Congreso de la República, de prestigio extinguido hace ya demasiado tiempo, han dado el aparentemente simple e inocente primer paso cuyo oculto fin es eliminar en la práctica todo lo relacionado con el derecho ciudadano de obtener información de las actividades públicas. Las reformas sugeridas a la Ley de Información Pública y la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip) constituyen un incipiente proyecto para afianzar una dictadura. Para atacar, se aprovechó el alto porcentaje de ciudadanos preocupados por la crisis del coronavirus, las terribles consecuencias de la depresión tropical Eta y los esperados efectos de llegada de otro fenómeno similar: Iota.

Los gobiernos totalitarios primero empiezan con cambiar leyes, para hacer “legal” sus posteriores atrocidades. La primera evidencia de las malas intenciones de semejante retroceso es, a todas luces, la vertiginosa celeridad para fijar el primer debate, de cuyo resultado negativo es absurdo dudar. La segunda emerge del voto favorable de mayoría abrumadora de los “jefes de bloques” de las hordas políticas UNE, Creo, UCN, FCN-Nación y Podemos, cuyo representante la planteó el 23 de junio. Se trata de José Alejandro de León Maldonado, oscuro personaje politiquero. El pleno la conoció el 3 de septiembre y la aprobó el 11 de noviembre, cuando comenzó la frenética carrera para detener la investigación ciudadana y así afianzar la maloliente impunidad.

Este diputado tuvo el descaro de justificar ese nefasto plan como una acción recomendada por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas entidades, para no convertirse en cómplices, están obligadas a aclarar si esta afirmación es cierta, pues de serlo, el desprestigio será compartido. Lo más incalificable es afirmar que la razón para crear ese adefesio es “fortalecer” el acceso a esa información. ¡Por favor! Esa actitud cínica es compartida por los representantes de los pseudo partidos mencionados. Las acciones legales en contra de esta aberración deben comenzar cuanto antes, porque esperar a su aprobación sería muestra de insostenible ingenuidad. La lucha contra este plan necesita unión de fuerzas, distintas, pero coincidentes con ese fin.

El derecho humano a la libertad de emisión del pensamiento es fundamento de muchas otras libertades, aunque por supuesto debe responder a límites establecidos tanto por las ideas éticas como por las legales. Esta perspectiva es la base para dar al Procurador de los Derechos Humanos la tarea de vigilar el cumplimiento de esta ley. Las batallas se pelean con las armas disponibles, y por otro lado el peor enemigo de lo bueno es lo mejor. La gravedad de la situación a causa de la inusual premura de los enemigos de este derecho humano obliga a actuar de inmediato, sin poner atención en este momento en los motivos, aunque sean justificados, de dar ese control a una -por ahora- inexistente secretaría. Una vez ganada esta guerra, puede tratarse dicho tema. El precio de la libertad, en especial dentro de la ley, es la constante vigilancia y la decisión de pensar mal –para acertar— cuando se nos hable de supuestos pero falsos beneficios provenientes de los políticos, sobre todo en todo aquello causante de limitaciones a cualquier derecho ciudadano. Los corruptos y quienes gustan del chanchullo aprobarán y aplaudirán este ridículo legal para evitar el conocimiento público de las decisiones y de los manejos del dinero estatal, aunque ello también contribuya a justificadas y claras críticas diplomáticas y al mayor deterioro de la imagen internacional. Es imposible no pensar en la participación de Alejandro Giammattei, sin duda beneficiado con esta nueva ley.