Los números no mienten. Su elocuencia radica en su objetividad. Las cifras del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos dejan al descubierto no solo obvias desproporciones entre la realidad tributaria y las pretensiones de gasto, sino también exhiben las prioridades reales. De los Q9 mil 963 millones solicitados por Salud para el 2021, menos del 10 por ciento está dedicado a la atención y mitigación del covid-19, un azote que lleva a la fecha alrededor de 114 mil casos registrados, 104 mil recuperados y 3 mil 932 fallecidos.

El impacto de esa enfermedad amenaza con abarcar el próximo año, y aunque ya existen algunas esperanzas sobre una posible vacuna en el mercado farmacéutico internacional, todavía no hay total certeza sobre su efectividad, disponibilidad, duración y poder nacional de adquisición. Se destina un fondo de Q400 millones para comprar dosis que tienen desde ya destinatarios prioritarios. Se desconoce el precio que tendrá cada vacuna, pero si se estima un costo de US$20, quiere decir que alcanzaría para 2 millones 500 mil unidades, que no necesariamente equivaldrían a la misma cantidad de guatemaltecos, ya que probablemente se necesite más de una aplicación.

Ante este horizonte de necesidad y riesgo de nuevos casos, podría juzgarse como poco prudente la disminución de la mitad de los fondos destinados al combate de la pandemia. Cabe señalar que la actual ejecución de recursos extraordinarios contra el virus ronda el 49%. También es necesario recordar que durante los primeros meses de este desafío nacional el Gobierno promocionó que los hospitales específicos para covid-19 tendrían una utilidad posterior a la emergencia como centros de atención general, lo cual solo podrá verificarse cuando pase el peligro pandémico.

Es necesario que el Estado aclare la pertinencia, la capacidad y la distribución de los Q474 millones destinados a la construcción de infraestructura hospitalaria. En la adjudicación de proyectos viales ya existen señalamientos de favoritismo a empresas de allegados de diputados y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, y no resulta difícil tener suspicacias sobre los mecanismos con los cuales se asignará la edificación, ampliación o mejoramiento de centros y puestos de Salud, maternidades periféricas, centros de atención integral y hospitales, cuya ubicación no se detalla.

La mejora en la atención de salud y nutrición es una demanda de larga data. La importancia de dotar a las comunidades de áreas adecuadas y personal capacitado es indiscutible. Pero para tener resultados diferentes, la estrategia de salubridad debería presentarse de forma integral para los próximos tres años, con metas concretas en ámbitos clave como la mortalidad materno infantil y la guerra a la desnutrición, para poder contar con una visión estratégica. Proveer una mejora cualitativa en la atención va más allá de construir inmuebles. Existen hoy mismo puestos de salud abandonados en comunidades rurales que no precisan de obra gris adicional, sino de mecanismos eficientes de suministro de insumos y controles de entrega a pacientes.

Si el presupuesto se aprueba tal como está planteado y mediante los actuales mecanismos de negociación a escondidas, con diputados plegados al oficialismo, muy poco se puede esperar en cuanto a mecanismos de control para asegurar la eficiencia del gasto y su correcta distribución. Por ejemplo, hay departamentos con mayor proporción de habitantes que tienen asignados menos fondos que otros. Eso debe explicarse con claridad y argumentos técnicos.