Estados Unidos es uno de los países en el mundo que tiene un riesgo bajo ante cualquier emergencia provocada por eventos naturales. Guatemala que, por el contrario, se encuentra en la posición seis de los países con mayor riesgo ante cualquier desastre natural, recibía a ETA como lo ha hecho con cualquier otra tormenta tropical o huracán, es decir, con miles de personas viviendo en territorios de alta peligrosidad ante derrumbes, deslaves o inundaciones.
A cuatro días que la tormenta tropical ETA pasara por el país, Guatemala tiene las cifras más altas de fallecidos en la región. Las autoridades hablan de 101 personas desaparecidas, 42 fallecidos y 11 mil 98 personas albergadas.
En Panamá murieron seis personas, en Nicaragua dos, en Honduras ocho y en el sur de México han sido 19.
La pandemia del covid-19 agrava más la situación ya que los albergues pueden convertirse en focos de contagio sino se cumplen con los protocolos dictados por la Comisión Presidencial para la Atención del Covid-19 (Coprecovid) que distan de los protocolos que tiene la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Esta no es la primera emergencia que cubre la Conred durante estos ocho meses de pandemia. La tormenta tropical Amanda tocó territorio nacional el 31 de mayo, siendo la primera tormenta en pandemia y tras la emergencia, al menos 15 personas de Conred resultaron contagiadas por covid-19.
De lo local a lo nacional
Para lograr un efectivo desalojo, el FEMA contempló como primer punto evaluar la demografía de las comunidades e identificar las áreas que enfrentan un alto riesgo, incluidas las consideraciones de aquellos que se encuentran bajo órdenes de quedarse en casa, con mayor riesgo de complicaciones graves por covid-19, las personas con discapacidades y otras con necesidades funcionales y de acceso.
Revisar los tiempos de desalojo y los plazos de las decisiones, con las consideraciones de planificación en medio del covid-19, por ejemplo, los planes de cuidado en masa y refugio de personas.
Dirigir a áreas específicas las órdenes de desalojo y los mensajes de comunicación para reducir la cantidad de personas que desalojan voluntariamente. Así como desarrollar planes de comunicación para las comunidades que probablemente se vean afectadas por la temporada de huracanes u otros incidentes emergentes para que estén enterados de los cambios en las estrategias de desalojo, y garantizar que las comunicaciones se brinden de manera accesible para las personas con discapacidades y dominio limitado del inglés.
Además, contemplan el desarrollo de estrategias de mitigación localizadas en los diferentes albergues que incluyen la compra de suministros de forma previa y el traslado de las bolsas de alimentos antes de que ocurra la emergencia previendo barreras en las comunicaciones terrestres o aéreas provocadas por el huracán.
Además de la compra de mascarillas y equipo de protección para que cada albergue tenga lo suficiente para el número de personas que pueden atender.
“El sistema de manejo de emergencias de la nación es más exitoso cuando es ejecutado a nivel local, administrado a nivel estatal y apoyado a nivel nacional”, enfatiza FEMA en su plan para la contención de huracanes durante la pandemia.
Según el FEMA, las autoridades locales son esenciales para mantener activos los servicios básicos ante la pandemia y la comunicación es uno de los pilares más importantes, ya que se debe procurar una comunicación clara, efectiva y accesible para quienes no dominan el idioma inglés y/o tienen alguna discapacidad.
“Se debe involucrar a los colaboradores comunitarios que apoyan y sirven a personas con discapacidades, personas con dominio limitado del inglés, comunidades de bajos ingresos, comunidades de color y a las casas de adoración para formalizar alianzas que puedan satisfacer las necesidades de esas poblaciones y garantizar la entrega equitativa e imparcial de asistencia por desastre”, mencionan.
Como servicios básicos y esenciales son la seguridad y protección, los alimentos, agua, refugio, la salud y atención médica, energía eléctrica, comunicaciones y transporte.
También proponían revisar, evaluar y ajustar los puntos de distribución de suministros para adecuarlos a la pandemia, contemplar alquilar más bodegas para garantizar el distanciamiento físico entre los que trabajan en la emergencia
El FEMA también contempló el aumento de personal, maximizando a los equipos locales, además de la compra de los kits de pruebas de detección de covid-19.
Asimismo, se incluye la toma de temperatura y evaluaciones de salud, aumento de los requisitos de limpieza y desinfección, reducción de la cantidad de personal para hacer posible el distanciamiento físico y, de ser necesario, controles administrativos y de ingeniería, como el uso de barreras transparentes y rotulación del piso en las áreas interiores pertinentes para fomentar el distanciamiento físico adecuado.
Esto último tiene contemplado la Coprecovid en su protocolo de atención en albergues, sin embargo, la Conred solo tiene contemplado reducir la capacidad para garantizar el distanciamiento.
“En gestión de riesgo hablamos de que para mitigar el impacto se debe planificar antes, además de hacen ensayos para asegurarse que los planes funcionen. El FEMA habla mucho a nivel municipal y aldea y eso es lo que se debe reforzar aquí para que la Conred no sea una Coordinadora Reactiva de Emergencias”, explicó Alberto Sibrián, experto en gestión de riesgos.
Por su parte, Conred mencionó que en el área de Zacapa, Petén y Alta Verapaz ya tenían “preposicionadas” 26 toneladas de recursos que consistían en raciones de alimentos, pañales, frazadas, kit de higiene personal. El pasado 3 de noviembre enviaron otras 17 toneladas, donde incluyeron al departamento de Quiché.
Además, mencionaron que reforzaron sus protocolos con el personal que está atendiendo las evacuaciones.
