El futuro de las sanciones que impuso el Registro de Ciudadanos el año pasado es incierto. En total son 53 y suman Q22.8 millones, pero 37 candidatos batallan legalmente para que se anulen sus multas.
Las infracciones se impusieron con base en las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de 2016. El pleno anterior de magistrados, y las distintas dependencias que conformaron el TSE, fueron los primeros en interpretar y aplicar la nueva normativa. Esto significó un reto lleno de complejidades, explica la exmagistrada María Eugenia Mijangos.
“Hay que tomar en cuenta lo inédito de las elecciones 2019. En primer lugar, se aplicó por primera vez una reforma compleja a la ley que incluía dos regímenes (la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y la de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión), hubo nuevos tiempos y un número elevado de candidatos”, cuenta Mijangos.
Las sanciones que impuso el RC a partidos y organizaciones políticas, y que luego confirmó el TSE, son objeto de cuestionamientos que hasta la fecha no se dirimen. El monto de las multas, las razones por las que se multaba a candidatos y organizaciones políticas y la forma en cómo el tribunal interpretaba la ley son reproches constantes de partidos políticos.
Frente a esta situación, hay algunas rutas que desde ya se pueden analizar de cara a próximos procesos electorales.
Hugo Novales, politólogo, considera que un primer paso para prevenir la interposición de múltiples recursos legales por parte de los candidatos consiste en que el TSE cree reglamentos para aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, definir qué se entiende por idoneidad, cómo se regulará el finiquito o en qué consisten algunas prohibiciones. Eso brindaría certeza a los actores políticos sobre el proceder de la autoridad electoral y evitaría suspicacias.
Una segunda acción oportuna, dice Novales, es que el TSE verifique cómo ha resuelto algunos embrollos electorales en el pasado y verifique los criterios que utilizó para resolverlo, para luego hacerlos de conocimiento público.
Esto es importante, ya que a menudo se presentan problemas que ya fueron resueltos anteriormente y los magistrados de turno podrían observar la forma en cómo esto se solucionó en el pasado y tomarlo en cuenta para la decisión que tomen.
Por ejemplo, el caso del expresidente Alfonso Portillo. Él intentó postularse a cargos públicos en 2015 y también en 2019. En ambos casos se le denegó la inscripción por considerar que no era idóneo. En ese sentido, se debería “sistematizar” los argumentos que se utilizaron para no inscribirlo y publicarlos para casos similares que se puedan dar en un futuro.
Reformas a la ley
Diego Marroquín, director de Gestión Pública del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), considera que es necesario que se revise nuevamente las reformas a la LEPP del 2016.
Uno de los cambios que es necesario realizar al cuerpo legal, dice, es explicar en qué consiste la campaña anticipada, motivo por el cual fueron multados algunos candidatos en 2019.
A criterio de Marroquín, es importante que se aclare este concepto porque mientras no se haga se corre el riesgo de que la autoridad electoral restrinja, de manera arbitraria, el qué hacer de un político.
Por ejemplo, se podría considerar de forma equívoca que opinar de coyuntura, fiscalizar la realización de obra pública o tener contacto con la ciudadanía es campaña anticipada, explica el entrevistado.
“La norma ambigua de campaña anticipada inhibió el debate político (en 2019), actores políticos que no podían expresar sus puntos de vista por temor a ser inscritos”, dice Marroquín.
El experto afirma que en la medida en que la ley sea más clara, se reducirá la cantidad de impugnaciones dentro del proceso electoral.
“Un tribunal que no es supremo”
La exmagistrada María Eugenia Mijangos insiste que el nombre al Tribunal Supremo Electoral le queda grande, porque sus decisiones pueden ser revertidas por otras instancias. En ese sentido es necesario que se analicen cambios a la ley para que sea el TSE el que tenga la última palabra sobre las sanciones y con ello se evite que se entrampen los procesos legalmente.
Pero, además, también es necesario que se fortalezca la Unidad de Fiscalización de Finanzas de Partidos Políticos y Unidad de Medios de Comunicación, las cuales enfrentaron su primer proceso electoral en 2019.
La magistrada cuenta que tuvieron visitas de funcionarios de departamentos de fiscalización de otros países, como Costa Rica, donde el padrón electoral es pequeños y, aun así, tenían alrededor de 80 personas contratadas. En Guatemala, la Unidad de Fiscalización de Finanzas de Partidos Políticos tiene 39 personas contratadas y la de Medios de Comunicación 15, según consta en el portal de información pública del TSE.
Pocas sanciones firmes
A un año de que transcurrieron las elecciones solo diez sanciones de 53 están firmes. Estas deben cancelarse, ya que se agotaron todos los recursos legales que podían revertirlas. Otras 37 multas están siendo impugnadas en los tribunales.
