Quien gobierne Estados Unidos por los próximos cuatro años deberá lidiar con la segunda ola de la pandemia y también con los efectos económicos colaterales ocasionados por las restricciones sanitarias prevalentes en varios Estados, las limitaciones de viaje -y, por lo tanto, una merma colosal en los ingresos por turismo- y la creciente cifra de fallecidos a causa del coronavirus.

La potencia del norte deja atrás una campaña polarizada, con hirientes cruces de descalificaciones, el crónico problema racial de fondo y heridas de batalla que podrían acendrarse con cualquiera de los dos candidatos en la Casa Blanca. Claro está, la capacidad de maniobra depende de un posible cambio de integración en la Cámara de Representantes y en el Senado, así como de la evolución del inédito proceso de conteo de más de 100 millones de votos emitidos por correo.

En la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos, calculada en casi 3 millones, hay criterios divididos, pues algunos elogian los resultados económicos de Trump y prevén una mayor recuperación de continuar él en el cargo. Por otra parte, las duras medidas implementadas contra los migrantes indocumentados y también contra los jóvenes conocidos como “dreamers” constituyen un foco de preocupación sobre un segundo mandato, ya que el mandatario tendría mayor peso político para hacer aún más estrictas las regulaciones.

En todo caso, la posibilidad de una reforma migratoria ha sido una de las ofertas de Biden, pese a que fue un tema en el que no se lograron avances en el período durante el cual fue el vicepresidente de Barack Obama. La administración Trump, mientras tanto, ha reformulado esfuerzos para tratar de frenar las causas que generan el éxodo desde Centroamérica, sobre todo a partir de su tercer año en el poder.

Para países como Guatemala, condicionados en buena medida a los intereses geoestratégicos estadounidenses, el triunfo de republicanos o demócratas no marcará una gran diferencia, sobre todo desde que se retomó la agenda bipartidista de apoyo al combate a la corrupción, cristalizada en designaciones de políticos y operadores guatemaltecos dentro de la llamada lista negra de no admisibles e incluso extraditables.

Uno de los principales detonantes de este reavivado combate es el peligro que implica para la seguridad nacional estadounidense el socavamiento de la institucionalidad, uso venal de cargos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero sucio. Tales delitos son brechas que utilizan el crimen organizado y redes del narcotráfico para infiltrarse en estamentos del Estado, a fin de facilitar el trasiego, sabotear la vigilancia o entorpecer procesos de transparencia. Un ejemplo claro de la exigencia de esta prioridad fue la presión estadounidense para que comenzaran a funcionar los sistemas de rayos X en el puerto Santo Tomás de Castilla.

Nuevamente, el gran problema de estos grupos ilegales es su enorme poder corruptor y generador de violencia, a través de ingentes recursos que llegan a desafiar a los Estados. Es por ello que en este combate juegan un papel crucial los controles bancarios y de flujos de dinero a escala internacional, para lo cual Estados Unidos tiene una enorme capacidad instalada que ya ha servido para extraditar a politiqueros guatemaltecos y ponerlos tras las rejas.