Desde 2014, Guatemala vive una crisis política e institucional muy severa que ha limitado todavía más la posibilidad de hacer frente a los enormes retos y rezagos históricos de desarrollo que enfrenta la población. Marco el 2014 porque fue el año en que se dio la gran crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la red pública de servicios de salud, hecho que desnudó ante la opinión pública la magnitud que había adquirido la corrupción expoliadora esos últimos años. A este hecho, generador de profunda indignación, lo sucedió el destape de los actos de corrupción por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), que evidenciaron el involucramiento de quien fuera en ese entonces la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y del presidente Otto Pérez Molina en varios procesos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos.

El contraataque a este proceso de depuración del Estado tomó la forma de una alianza político-económica-delincuencial que denominamos hasta el día de hoy El Pacto de Corruptos. Su prioridad, desde entonces, además del saqueo de las arcas públicas —un importante elemento aglutinador de esa alianza— ha sido retomar totalmente el control político y económico de todos los poderes del Estado. Politólogos como Marco Fonseca han llamado a ese proceso “la restauración conservadora”, proceso cuyo hito de arranque puede trazarse a los hechos que llevaron a la expulsión de la Cicig por parte del gobierno de Jimmy Morales y que se traducen en distintas medidas orientadas no solo a tomar total control de los órganos del Estado, sino a reducir cada día más, los espacios de participación social y de ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y económicos para la mayor parte de la población.

En este contexto, la agenda de desarrollo del país también quedó postergada: alimento, agua, vivienda, salud, educación, transporte, infraestructura vial, seguridad. Prácticamente solo existe en documentos oficiales y en presentaciones públicas, dado que la capacidad de ejecutar planes, programas y proyectos por parte de la institucionalidad pública está profundamente debilitada.

6 años en esta situación tiene ya efectos visibles y lacerantes tanto en el estancamiento de los indicadores que miden a largo plazo el desarrollo humano, como en indicadores de corto plazo como son los incrementos en los casos de desnutrición aguda, la creciente violencia contra comunidades indígenas y campesinas y la consecuente pauperización del campo, y las amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios, el incremento de la violencia policial, la desaparición de niños, niñas y jóvenes, entre otros hechos.

La pandemia ha contribuido a exacerbar estas situaciones, pues algunas medidas necesarias para controlar la transmisión del virus contribuyeron a legitimar nuevamente prácticas autoritarias; también se terminó de desnudar el escaso interés de las elites económicas y políticas por buscar soluciones transformadoras a la situación. Regresan los viejos métodos de la caridad, el control social, la violencia y la intimidación, que desplazan los mecanismos democráticos del diálogo y de construcción de la capacidad estatal para enfrentar los mandatos constitucionales a los que está afecto. Cada evento traerá sus propios agravantes y profundizará los daños; hoy es la pandemia, pero también, los potenciales destrozos que pueda causar el huracán ETA. Mañana será otra cosa. Lo cierto es que, cada día que pasamos en esta situación, la brecha se hace más profunda y será más difícil sacar al país de esta dinámica tan destructiva que han instalado.