Para llegar a Concepción hay que recorrer 6.6 kilómetros desde la cabecera departamental y pasar por unos miradores que ofrecen una vista del lago envidiable para los turistas nacionales y extranjeros. Aun así, este municipio no es recordado por sus paisajes, sino por un fatídico hecho ocurrido en octubre de 2015.
El 11 de octubre de ese año fue vapuleado y quemado el alcalde recién reelecto del lugar, Bacilio Juracán Lejá, señalado de ser el responsable de un ataque armado en contra de un excandidato a la alcaldía y su familia. Cinco años han pasado desde entonces y las escenas del fuego de aquella tarde sigue estando presente entre la población.
Quienes recienten más estos hechos son el personal de Salud asignado al lugar, que tienen como interés principal atender a la mitad de la población infantil que padece desnutrición crónica. Entre comentarios dichos en voz baja para evitar ser escuchados, reconocen que les toca trabajar en un área de alta conflictividad.
Deben acercarse sigilosamente a los hogares donde saben que hay niños con problemas de nutrición. Saben que deben llamar a la puerta una, dos, tres y hasta cuatro veces en diferentes ocasiones para ser atendidos, mientras alguien les dice que no hay niños en la casa o que mamá salió para evitar que sean evaluados.
Esta desconfianza creció aún más con el coronavirus, “creen que nosotros les vamos a llevar el virus”, dice una de las enfermeras del Centro de Atención Primaria (CAP) de Concepción mientras es acompañada por personal contratado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para ubicar a niños con desnutrición.
Este es uno de los escenarios más repetitivos a los que se enfrentan las diferentes brigadas para la búsqueda activa de casos de desnutrición que desde julio recorren todo el territorio nacional para establecer cuánto ha afectado la pandemia al estado nutricional de los niños.
No es difícil adivinarlo, cientos de miles de personas se quedaron sin trabajo y sin ingresos, no hay alimentos para llevar a casa y los niños se quedan sin recibir los nutrientes necesarios para su desarrollo.
Es por esto, que miles de brigadistas salieron para recorres valles y montañas, ir de caserío en caserío para evaluar a los niños y darles la asistencia alimentaria a quienes lo necesiten. Actualmente hay 1 mil 126 brigadas activas en todo el territorio, de estas 924 son institucionales y 142 son brigadas cooperantes organizadas y contratados por organizaciones como PMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Marlon Figueroa, nutricionista del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) del MSPAS explica que el modelo brigadista inició el año pasado en Alta Verapaz como plan piloto y fueron implementados este año tras declararse la pandemia en el país para poder detectar y atender a tiempo a los niños con desnutrición.
Algunas brigadas iniciaron en julio y otras, como las asignadas a los territorios del departamento de Guatemala y Sacatepéquez no han podido empezar con las visitas debido a los altos números de contagio de covid-19.
Aunque las brigadas están presentes en los 22 departamentos, priorizaron a 1 mil 903 comunidades con altos índices de pobreza, alta prevalencia a casos de desnutrición aguda y poco acceso a los servicios de salud.
En el caso de Huehuetenango, explica Figueroa, por ser un departamento tan grande fue dividido en 33 distritos y los cooperantes contrataron a una nutricionista por distrito. El principal criterio del centro de salud para elegir a las comunidades era visitar a las que más lejos estaban y, por ende, tienen menos acceso a los servicios de salud.
Aunque cada brigada cuenta con un picop, hay veces en que el personal debe caminar hasta cuatro horas para poder llegar a las casas.
Ese también fue uno de los criterios utilizados en Concepción, que pese a quedar tan cerca de la cabecera departamental, hay comunidades que están en las montañas y que solo reciben atención médica cuando el personal llega a sus hogares.
Es por esto que las brigadas también han sido el brazo derecho de los trabajadores de Salud para lograr abarcar con la cobertura que en otros momentos no se puede cubrir. Cada brigada la conforman un nutricionista, un auxiliar de enfermería, una o dos trabajadoras sociales del área que ayudan a la madre y un piloto encargado del traslado del equipo.
Casos detectados
Debido al distanciamiento social exigido para evitar contagios de covid-19, las brigadas han tenido que implementar formas para que las visitas sean lo más breves posibles y así no poner en riesgo la salud de las familias. En la primera visita se toma la circunferencia media del brazo (CMB) del niño menor de 5 años que debe medir como mínimo 13 centímetros.
Si el CMB es menor, el niño cayó en un cuadro de desnutrición aguda moderada, Nelly Ajcalón, nutricionista encargada del área de Concepción explica que al detectarse un caso se le brinda al niño vitamina A, ácido fólico, zinc y alimentos terapéuticos listos para consumir (ATLC).
Si se trata de un caso de desnutrición aguda moderada, se hace una segunda vista en 15 días para monitorear que haya tenido una ganancia de 8 onzas. En caso el niño tenga desnutrición aguda severa, la visita se hace en ocho días para establecer si se dio una ganancia de 4 onzas.
“Si durante ese tiempo el bebé no sube de peso, se le da asesoría a la madre para averiguar si no ha tenido diarreico, gripe o una infección en la garganta que provoca que no quieran comer por la molestia”, dice Ajcalón quien menciona que en estos casos los niños son trasladados al Centro de Recuperación Nutricional más cercano.
Ajcalón explica que la primera comunidad que visitaron fue en Nahualá debido a que aprovecharon el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 30 de mayo.
Hasta el 19 de octubre, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) tenía 111 mil 892 menores de cinco años evaluados, de los cuales 617 presentan desnutrición aguda. Esto representa el 0.65%, un porcentaje menor a lo esperado en relación con la población en referencia que es el 2.3% según la Organización Mundial de la Salud (OMS), según expresó la jefa de la Sesan, Maritza Méndez.
El analista en salud pública, Adrián Chávez, indicó que, aunque el número de niños que presentan señales de desnutrición pareciera bajo según lo informado, “a la fecha estas brigadas han llegado a comunidades específicas ubicadas en el 16% de municipios, lo que hace pensar que la cantidad de niños con desnutrición podría en realidad ser mucho mayor”, agregó.
Marlon Figueroa coincide con lo anterior, ya que de 27 mil comunidades que hay en el país, las brigadas están visitando a casi 2 mil. Además, aún no han iniciado las brigadas en Sacatepéquez y Guatemala, departamentos con mayor número de población.
“Creemos que el dato va a aumentar porque y se verá más reflejada la situación de quienes perdieron su empleo y en el estado nutricional del niño. Nosotros hemos reportado aproximadamente 12 mil casos de desnutrición aguda anualmente pero este año llevamos más de 20 mil casos, un aumento del casi 100 por ciento”, explica Figueroa
El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsa), reportó hasta el 22 de octubre 21 mil 17 casos y 13 muertes. Pero Figueroa explica que esto no quiere decir que sean 21 mil niños con desnutrición aguda, ya que, si un menor se recuperó y vuelve a caer en un cuadro de desnutrición, se cuenta como un caso nuevo.
Algunas brigadas finalizan con su trabajo en octubre y otras continúan hasta diciembre, dejando un vacío en los centros de atención comunitarios Creemos que el dato va a aumentar porque y se verá más reflejado la situación de quienes perdieron su empleo y esto se verá reflejado en el estado nutricional del niño donde los trabajadores de salud mencionan que no logran darse abasto para atender todo su territorio, reconociendo que la estabilidad nutricional de un niño que ha caído en desnutrición es frágil y se le debe dar seguimiento continuo.
“Hay que recordar que uno de los efectos colaterales de la pandemia es el desempleo, lo que puede comprometer la economía de las familias y poner en riesgo el acceso y disponibilidad de alimentos saludables. Se requiere una vigilancia continua y que el ministerio de Salud coordine acciones integrales con otros ministerios, caso contrario se seguirá atendiendo los efectos y no las causas”, agregó Chávez.
Hasta el 30 de septiembre las entidades que conforman el Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional habían ejecutado el 68.3 por ciento de un presupuesto de Q5 mil 195 millones 140 mil 169, siendo el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y el Ministerio de Economía (Mineco) los que menos han ejecutado con 29 y 30 por ciento respectivamente.
Conflictividad, mala alimentación y machismo
Uno de los retos más grandes que han tenido las brigadas que trabajan en Concepción, es enfrentarse a la renuencia de las familias por querer ser atendidas por el personal de Salud. Esto se alimenta a la desconfianza que tienen hacia sus autoridades y al miedo generado tras la pandemia del covid-19. Concepción, que es un municipio descrito con una población 100 por ciento maya kaqchikel, es también una comunidad en la que el 53 por ciento está formada por mujeres.
El 38 por ciento de las mujeres tuvo a su primer hijo entre los 15 y 19 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mitad de su población (49.6%) son niños entre los 0 y 17 años. Pero según datos del Centro de Atención Primaria, la mitad de estos niños tiene desnutrición crónica, aunque en el municipio solo se han detectado cinco casos de desnutrición aguda en este año.
Aunque según la Municipalidad de Concepción en su Política Pública para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2020, los principales focos de conflicto en el lugar es el acceso al agua, el alcoholismo y los robos, las mujeres suman una problemática más que es el machismo.
Esto ha sido bastante observado por los brigadistas al llegar a los hogares. Uno de los casos a los que el centro de salud le da seguimiento es a la familia X* quien vive a unos 600 metros del CAP, en una casa de tres niveles que se mantiene en trabajos de construcción y tiene un estilo parecido a las casas de las remesas. J tiene seis meses, pesa siete libras con ocho onzas y nació con síndrome de down. Su madre, que tiene más de 35 años es la segunda pareja de su esposo, la primera fue víctima de una muerte materna. Según los enfermeros del lugar, el señor -quien tiene negocios en la capital- no quiso que recibiera sus controles prenatales y no la dejaba salir, ella iba a dar a luz a su tercer hijo pero nunca sintió los dolores de parto y murió junto a su bebé.
La mamá de J conoció a su esposo en la capital, dio a luz en el Hospital Roosevelt y se trasladó a Concepción para criar a su hija, pero con recelo ha recibido las visitas de las brigadistas. Esta era la cuarta ocasión que la buscaban y “por suerte”, dice el personal de Salud, accedió a que vieran a su hija. En un limitado español, la mamá de J explicó que no quería que la atendieran a porque tenía miedo que por el covid-19 se la quitaran diciéndole que tenía que estar en cuarentena.
Mientras escuchaba que le hacía falta ponerle una vacuna a su bebé, ya no quiso hablar por advertencias de su esposo.
“Nos lleva un poco de tiempo convencerlos también de que nosotros no llevamos el virus, no atendemos pacientes covid-19 como ellos piensan. Nos dicen mucho ustedes atienden muchos pacientes enfermos y luego vienen con nosotros a contaminarlos. Con la vacuna también nos cuesta porque creen que la vacuna lleva el virus”, contó Brigida Macario, jefa de enfermeras.
Macario explicó que en la cabecera municipal la gente se resiste más a ser atendidos por el centro de Salud y pesar de estar en un casco urbano, hay muchos casos de desnutrición crónica debido a la mala alimentación. “La población de Concepción produce sus propias verduras, pero todo lo venden y lo que compran es comida chatarra. Muchas familias están mal acostumbrados a consumir golosinas y gaseosas todos los días. Hemos visto a señoras que en la pacha de sus hijos tienen gaseosa y eso ha afectado la buena alimentación, por eso hay mucho retardo de crecimiento en los niños”.
La pandemia los dejó sin comida
A pesar de pertenecer a Concepción, la aldea de Patzutzún está montaña arriba tomando el camino que lleva hacia Los Encuentros. En una casa de adobe vive la familia Balam Xiap.
La responsabilidad que lleva sobre sus hombros hace que Carolina no aparente tener 22 años. Tiene una hija de tres años y William que tiene 1 años y dos meses. Su esposo se dedica a la agricultura y ella, junto a su suegra, hacen tejidos. Cada semana viajan al mercado de Sololá a comprar hilos y sus tejidos los venden en su propia comunidad. Pero desde marzo, su esposo se quedó sin trabajo y ellas ya no pudieron regresar al mercado que permaneció cerrado por cinco meses. Carolina logró hacerse de media docena de pollos que logra venderlos a Q50 cada uno aproximadamente y 50 centavos los huevos.
“Antes sí iba al mercado porque no había enfermedad, pero ahora no salgo. A veces pasaba un carro con verduras o iba a la tienda a comprar algo”, dice.
Carolina contó que no recibieron ningún tipo de ayuda por la municipalidad y no pudieron ser beneficiados con el bono familia ya que no cuentan con servicio de energía eléctrica. La venta de los pollos y los huevos no fue suficiente para lograr comprar los alimentos necesarios. Durante varias semanas comieron frijoles y maíz, pero en cuestión de meses, su hijo más pequeño cayó en desnutrición. Fue detectado por las brigadas el 10 de septiembre quienes le dieron de inmediato los nutrientes para que subiera de peso.
En 15 días, William logró recuperarse, aunque todavía está en riesgo de volver a caer en desnutrición si su familia vuelve a pasar por un período de cero ingresos económicos. Al preguntarle si siente si su hijo ha mejorado, menciona que sí “pesa más cuando lo cargo”.
Embarazo de alto riesgo
A pocos metros de donde vive Carolina, hay un callejón hecho de milpa que conduce a la casa número 57, se trata de la familia Xiap Lebón que vive a la vuelta del puesto de Salud. Isabel tiene 40 años, habla muy poco español y su caso es seguido de cerca los encargados de salud.
Isabel tuvo a su primer hijo a los 19 años, ahora él tiene 21 años y le siguen ocho hermanitos más de 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9 y 6 años que pudieron estudiar hasta el sexto grado de primaria. La más pequeña es una bebé de 8 meses que se llama Abigail.
En febrero, los encargados de Salud la visitaron y notaron que tenía una panza de embarazo. Ella había perdido la cuenta de desde hace cuánto tiempo no tenía la menstruación y, por la ausencia de esta, pensó que ya estaba en la menopausia. Sin embargo, al ser evaluad, los enfermeros se dieron cuenta que estaba embarazada y la llevaron al centro de salud en Concepción. Tras un ultrasonido, se dieron cuenta que ya estaba al término de su embarazo y tuvieron que practicarle una cesárea. Debido a las condiciones de su nacimiento, Abigail nació con bajo peso. Poco más de un mes de haber nacido, fue declarada la pandemia en el país y el padre de la familia y los hijos mayores que se dedican a la agricultura, se quedaron sin trabajo. Las mujeres se dedican al tejido y, como le pasó a Carolina, se quedaron sin poder comprar para hacer trajes para vender.
A pesar de haber logrado ser beneficiarios del bono familia, el pago de Q1 mil no alcanzó para alimentar a los nueve hijos y durante los cinco meses en que nadie tuvo trabajo, los alimentos empezaron a escasear bastante rápido. Isabel cuenta que hubo momentos en que ella solo comía tortilla y esto afectó directamente a la alimentación de su hija que cayó en desnutrición. Abigail también fue detectada por las brigadas el 11 de septiembre y 15 días después había empezado a recuperar su peso.
Aunque todavía no tienen trabajo, los niños se dedican a vender leña para poder tener ingresos.
