Existe un dicho popular que afirma: lo regalado no se valora. Y aunque tal enunciado pueda ser discutible según cada caso o contexto, es lo que mejor describe el manejo de donaciones recibidas por el Gobierno durante la pandemia. Equipo médico, mascarillas, trajes protectores, fármacos y desinfectantes que, ojalá, hayan servido para el combate del covid-19 en los hospitales nacionales, aunque tal expresión desiderativa no pueda constatarse fehacientemente debido a que los mismos descontroles en el manejo de la ayuda no permiten dar cuenta de cuándo, dónde y quién los utilizó.

Resulta curioso, además, el endoso de culpas como paradoja a la competencia de protagonismos: para figurar en la inauguración de obras o recibir loas por determinadas tareas es posible que hasta el propio mandatario ceda la tijera de inauguración de obras, pero al momento de deducir responsabilidades sobre el destino concreto de insumos entregados sin costo al Estado, ahí sí se delega la obligación, por no decir la culpa, sobre Conred u otras dependencias.

El centro de todo Gobierno debería ser, en esencia, el cumplimiento de los mecanismos institucionales para desarrollar las actividades administrativas del Estado, sin inventar puestos cuyas atribuciones dupliquen o riñan con otros constitucionalmente estipulados. En otras palabras, la legalidad, la transparencia y el manejo probo de los recursos, dinerarios o en especie, tienen que ser los pilares del funcionamiento burocrático a todo nivel. Es inconcebible e intolerable que a la hora de pedir cuentas, los más altos responsables designados por la Presidencia simplemente, como también dice otra expresión popular, zafen bulto.

Las empresas, instituciones y países amigos que efectúan donativos al pueblo de Guatemala, representado en el gobierno electo, cumplen con una misión altruista: facilitar recursos que por efectos de licitaciones u otros procesos administrativos podrían tardar semanas en llegar a los centros asistenciales. Legalmente no están obligados a auditar el uso que se le dé a tales bienes, entregados de buena fe. Sin embargo, cuando los aportes superan los Q240 millones, es posible exigir, como mínimo detalle de gratitud, un reporte claro sobre el uso efectivo de lo donado.

Cuando los médicos de varios hospitales covid, como el del Parque de la Industria, el de Villa Nueva e incluso el Roosevelt se quejaban, en mayo y junio último, de falta de equipos de protección, medicamentos o de pruebas, fueron las donaciones de la iniciativa privada las que salieron al rescate de muchas vidas. Es moralmente incorrecto que ahora el gobierno no pueda responder sobre el uso concreto que se dio a los cargamentos de ayuda.

Las previsiones epidemiológicas no son halagüeñas. Al menos cinco hospitales de provincia registran altas tasas de encamamiento y uso de intensivos, con lo cual no es descabellado pensar que en el corto plazo crecerá la demanda de equipos de protección y medicinas, sin que hasta el momento exista certeza documentada sobre el abasto de los centros asistenciales. Es necesario que el Ministerio de Salud, la Coprecovid y el así llamado Centro de Gobierno -que tiene delegados en cada ministerio- presenten, a la brevedad posible, los informes de bodega pertinentes para certificar las existencias de insumos: aclarar si su procedencia es donación o adquisición, y de ser esto último, los precios y proveedores. De no producirse este informe coordinado, quiere decir que alguna de las tres entidades sale sobrando.