Las cifras de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema, excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan.

Principal causa de muerte entre niñas y adolescentes, la maternidad forzada –hay que recordar que el sexo con menores de 18 años está tipificado como violación- constituye una condena real e inevitable a una vida de privaciones y miseria. La abrumadora mayoría de los gobiernos de la región y del continente desarrollan sus políticas bajo un sistema de administración estatal influenciada por los sectores económico y religioso de corte patriarcal los cuales, en perfecta sintonía, han permanecido inalterables desde tiempos de la Conquista incidiendo con todo su poder en la política y en la administración de justicia.

El patriarcado no es una fantasía feminista. El patriarcado existe y está instalado desde las épocas más remotas, restando oportunidades y derechos a las mujeres –por ley, por tradición, por simple proceso de adjudicar la autoridad a una mitad de la población y prohibírsela a la otra- con el resultado de sociedades enfermas, violentas, racistas, discriminatorias e incapaces de funcionar como un todo, con iguales metas y objetivos. Resulta penoso comprobar que en pleno siglo de la tecnología y los viajes interplanetarios existan limitaciones al desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres por un sistema de limitaciones por cuestiones de género que pervive desde la prehistoria.

En aquellas naciones –como las centroamericanas- en donde se tolera el abuso sexual contra niñas y adolescentes con el resultado de embarazos forzados y maternidades que jamás debieron suceder, el desarrollo social es un objetivo perdido. Los impedimentos institucionales para la integración de este importante sector de la juventud al goce de los derechos fundamentales, como una educación de calidad, un desarrollo físico y psicológico adecuados, un acceso libre a todas las oportunidades de vida de las que goza la otra mitad de la sociedad, son sociopatías inaceptables cuyo alcance pone en peligro de muerte a seres tan valiosos como inocentes.

Ser mujer –y peor aún, ser niña- constituye un riesgo vital. Acechadas en las calles, en el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo, deben vivir a la defensiva y soportar toda clase de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Quienes supuestamente deben ser sus pares son, en realidad, sus superiores jerárquicos en este sistema perverso de privilegios por género. La negación de esta cadena interminable de abuso no es más que una perpetuación del sistema por medio de un acondicionamiento psicológico capaz de transformar a las víctimas en sus propios victimarios, al convencerlas de la supuesta pertinencia del marco de valores que las somete.

Quizá por eso la sociedad no responde a la urgencia de proteger a las niñas y adolescentes de las agresiones sexuales y, en lugar de ello, las culpa por su desgracia. Numerosos son los casos de incesto y violaciones cometidas en el entorno íntimo, bajo la mirada cómplice de familiares y vecinos quienes, con esa actitud, confirman de manera rotunda su desprecio por las víctimas. Esto debe terminar.