El saqueo de los recursos públicos se sigue observando en toda su magnitud y se aprovecha cualquier resquicio para asaltar las arcas del Estado. Este pareciera ser el caso de la reciente adquisición de galletas “nutricionales” por parte del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) con fuerte olor fraudulento. Todo apunta a que el proceso de compra estuvo diseñado para que lo ganara una empresa que ofertó el producto más caro. Este hecho también está empañado por la serie de contradicciones y desmentidos de los funcionarios que forman parte de la cadena de compra y distribución de un alimento que teóricamente estaría destinado para niños de escasos recursos. Llama la atención que el Ministerio de Educación asegure que no pidió ni sugirió la adquisición de la galleta, pese a que es el ente encargado de la alimentación escolar, en coordinación con los ministerios de Agricultura y Salud.

Debido a la pobreza y extrema pobreza en que viven las comunidades rurales del país, principalmente las indígenas, un alto porcentaje de niños padece de desnutrición, por lo que el alimento escolar viene a ser una mínima asistencia. Sin embargo, el valor nutricional que pueda tener una galleta, como las adquiridas, no tiene mayor impacto si no se mejora la dieta en general de los niños y sus familias. Ese es uno de los problemas de fondo que se observa con la compra de la actual galleta, porque no forma parte de una estrategia estatal dirigida al combate de la desnutrición, sino que es una adquisición a ciegas. Hasta el momento, ni el Fodes ni el Ministerio de Desarrollo (Mides), del cual depende, han aclarado por qué se hizo esta compra, ni quién la ordenó. Además, es significativo que la titular de Educación, Claudia Ruiz, haya dicho que este tema ni siquiera ha sido presentado ni discutido en el Gabinete de Gobierno como para que se hiciera la adquisición de emergencia, aprovechando el último día del estado de Calamidad.

El negociazo se efectuó en forma relámpago, el pasado 30 de septiembre, en la oscuridad y en despoblado. Los posibles proveedores solo tuvieron menos de cinco horas para presentar ofertas, lo cual indica que no les interesaba llegar al mayor número de empresas. Así, para la compra de 11.1 millones de galletas nutricionales se presentaron dos opciones. El primero ofertó a Q0.82 centavos cada galleta, para un total de Q9.1 millones. El segundo ofreció a Q1.32 el producto, para un total de Q14.6 millones. En cuestión de minutos, la junta calificadora se decantó por la oferta más cara. ¿Cómo hizo el oferente ganador para saber el nivel de grasas, proteínas y la cantidad de vitaminas requeridas en las especificaciones, si solo tuvo pocas horas entre la publicación del concurso y la presentación de la propuesta? Según Acción Ciudadana, en el portal Guatecompras tampoco se publicaron todos los dictámenes técnicos que justificaran la adquisición de las galletas. No cabe duda de que el trance estaba armado.

¿A quién se le ocurrió tan brillante adquisición? El director del Fodes, Allan Javier Barrientos, asegura que la compra de la galleta se hizo por instrucciones del titular del Mides, Raúl Romero, para atender a la infancia afectada por el coronavirus. Pero Romero dice que no fue decisión suya, porque se trata de una compra habitual del Fodes. El problema de esta última instancia es que ha cambiado director a cada rato; Barrientos tomó posesión el mismo día de la compra de galletas. Entonces, uno se pregunta: ¿es esta la estrategia de lucha contra la desnutrición que desarrolla el gobierno de Alejandro Giammattei, con galletas sobrevaloradas, sin saberse por qué se compraron ni quién las ordenó? ¿Será que aún existe la Comisión Presidencial contra la Corrupción? Por ello, es necesario que el Ministerio Público investigue esta compra a todas luces fraudulenta.