La función periodística, como todos lo saben, es una delicada función legal que continúa siendo rechazada y combatida por gobiernos déspotas, dictaduras militares, políticos, poderosos, ideológicos y particulares criminales de nuestro país desde hace muchas décadas, en perjuicio de la democracia, derechos y libertades de esta noble Guatemala y de sus hijos decentes. La historia no miente, marca una huella imborrable con sangre inocente por los caminos de la patria de colegas víctimas, entre ellos los fundadores de Prensa Libre, periodistas Pedro Julio García y Álvaro Contreras Vélez, víctimas de secuestro, e Isidoro Zarco, asesinado, y a más de 50 colegas capturados, secuestrados, torturados, desaparecidos y muertos durante épocas pasadas, cuyo listado negro publicamos en artículo anterior.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), su Comisión de Prensa y el Observatorio de Periodistas que preside Héctor Coloj denuncian que muchos colegas continúan siendo víctimas de corruptos, con intimidaciones, agresiones verbales y físicas, capturas y muerte. Bryan Leonel Guerra, vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula, e Irma del Carmen Chinchilla, de Radio Quetzal, de Salamá, Baja Verapaz, fueron asesinados a balazos; Julio Sicán, del Periódico Digital Proceso y corresponsal de Prensa Libre en Sacatepéquez, insultado, amenazado y a punto de ser agredido por Mynor Cáceres, asesor de la Municipalidad de Antigua Guatemala; y Joel Dardón y Julio Benítez, de Gala, Periodismo a Fondo, amenazados de muerte por empresarios antigüeños, con el consentimiento de autoridades edilicias, por denunciar presuntos actos ilícitos.

Lucía y Andrea Ixchiú, agredidas con machete por sujetos cuando cubrían anomalías en un bosque inspeccionado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en Totonicapán; Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, detenida en Joyabaj, Quiché, por orden del alcalde municipal, Florencio Carrascosa, por cubrir incidentes en manifestación de vecinos, por presuntas ilegalidades en ayuda a víctimas de pandemia; Otoniel Rivera, vicepresidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, amenazado de muerte, presuntamente por Rodrigo Cucul, de Cahabón; Sonny Figueroa, golpeado por oficiales frente al Palacio Nacional de la Cultura por publicar investigaciones periodísticas; ilegal medida de Municipalidad de Comalapa, Chimaltenango, imponiendo “acreditación” a reporteros para cubrir informaciones, y amenazas en redes sociales y plataformas de mensajería a comunicadores de ponerles precio a sus cabezas.

Que el Tribunal de Sentencia de Quiché permita que Marlon Chitop, de Radar Informativo, procesado por un caso de pleito familiar, sea escuchado por un Tribunal de Imprenta, de acuerdo con la ley. No olvidar la muerte violenta, hace seis años, de Danilo López, entonces corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, en Mazatenango, en el que estuvo involucrado el exdiputado Julio Antonio Juárez Ramírez, sin solución final hasta el momento; lamentar la agresión verbal y amenazas contra críticos de algunas medidas oficiales por actual crisis y que surja pronto un gobierno valiente que enfrente y castigue a estos tradicionales enemigos de las libertades que continúan quebrantando plumas y acallando voces de valientes periodistas que añoran una mejor patria, particularmente departamentales, sin mayor protección, sujetos a necesidades, presiones, intereses, amenazas y muerte.

Finalmente, por aparte, la Asociación Nacional Normalista (ANN) rindió homenaje con la Orden Juan José Arévalo, expresidente de Guatemala, a sus ilustres socios doctores Isidni Vinicio González y González, Olmedo Abigahíl España Calderón y Édgar Miguel López Álvarez.