La decisión presidencial de crear el ilegal “Centro de Gobierno” ha sido la razón de numerosos comentarios, algunos de los cuales se basan en la relación personal especialmente estrecha entre el presidente Alejandro Giammattei y Luis Miguel Martínez. Esto complica todo, porque desvía la atención al elemento central, es decir, a la legalidad no solo de la creación de ese ente, sino de la forma como el ungido realiza en la práctica su papel de una especie de controlador de las labores de los ministros, quienes también en la realidad práctica deben obedecer las órdenes recibidas por alguien cuya edad y preparación no le permiten ser capaz para ejercer de superministro, primer ministro o, en pocas palabras, presidente de facto de Guatemala.

Para tratar de encontrar la manera de poner orden, una ONG de reciente fundación y un abogado, por aparte, han realizado acciones de índole legal. No menciono el nombre de este miembro del foro porque en un video manifiesta varias veces su rechazo al trabajo informativo y orientativo de la prensa. En la mencionada grabación manifiesta varias veces “estar contento” de haber logrado la recepción de la Corte de Constitucionalidad para el trámite de su petición, lo cual en realidad no significa ninguna victoria ni es motivo de algarabía, porque simplemente la CC cumplió los requisitos de ley. Por cierto, tal vez –o de seguro– se refiere a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, no a la “Ley de Amparo y de Inconstitucionalidad.”

El complicado asunto del “centro de gobierno” tiene posibles complicaciones no evidentes, pero casi seguras. Si el vicepresidente Guillermo Castillo no exige ejercer su cargo constitucional, luego podría ser sujeto de un antejuicio por incumplimiento de funciones y con ello hasta su posible destitución. En cuanto al estudio y dictamen de la Corte de Constitucionalidad respecto de esta petición, es un camino cuesta arriba. Lo deben realizar los cinco titulares y dos suplentes, pero de los primeros uno falleció y no se sabe de la salud de otro. En la práctica, pasará un tiempo muy largo y por eso aceptar la solicitud del abogado, de hecho no tendrá efectividad. Sin embargo, la atención debe dirigirse en forma específica a cómo y cuándo será integrada.

Un criterio respecto de este caso sugiere suspender temporalmente las funciones de esa entidad, antes de conocer el fondo de la petición y decretar el veredicto definitivo. Para algunas personas, el papel de Martínez es una repetición del desempeñado por Sandra Torres, quien ejerció de presidenta de facto de Guatemala. La diferencia radica en un factor importante: por su astucia innegable, simplemente mandaba pero no tuvo ningún cargo público, existente o creado, ni tuvo sueldo del erario y sus dineros bajo la mesa fueron obtenidos de una forma distinta. Pero Martínez recibe dinero estatal y ejerce un poder omnímodo cada vez más descarado, al punto de simplemente negarse a asistir a una citación en el Congreso “por tener otras cosas que hacer”.

También se rompe en la práctica la posibilidad de haber sido creada esa entidad con el fin de facilitar una comunicación de doble vía entre los ministros y Giammattei, porque no es posible saber cuál criterio prevalecerá, si el del miembro del gabinete o el de quien manda realmente. Todas estas reflexiones, creo yo, son útiles para saber cómo lograr una necesidad evidente: desaparecer el Centro de Gobierno. Por el momento y para mi desaliento, porque aunque es necesario lograr lo solicitado, veo este equivocado esfuerzo a causa de una manera poco meditada, casi seguramente sin los resultados esperados, por cierto beneficiosos para el país. Como siempre, el exagerado entusiasmo y sentirse contento por algo no son fuente confiable de criterio y de accionar serenos.