Pero el sistema de transporte público es una de las actividades que continúa en pausa por la falta de garantías de bioseguridad en los buses y un desacuerdo en la tarifa del pasaje.
Aunque a criterio de Asopagua y la Defensoría del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ya se tiene un acuerdo producto de una mesa de dialogo que permitirá resolver todos esos problemas.
Las instituciones afirman que el Ministerio de Finanzas estará impulsando un proyecto de ley, que toda vez tenga el respaldo presidencial, será entregada a Dirección Legislativa para que el pleno de diputados la evalué y, potencialmente, la aprueben.
“El señor ministro de Finanzas cabal explicó que no es de quitarle dinero a ningún otro proyecto o programa de gobierno, que más bien se tiene un apartado especial donde se podrían tomar estos recursos, también se explicó en la mesa técnica la posibilidad de rebajar las multas a los transportistas que mantienen una deuda de cerca de Q28 millones en conceptos de diferentes sanciones”, comentó Edgar Guerra, defensor de la PDH.
Este punto sería primordial para que los buses rojos reactiven sus operaciones, ya que no contar con ese apoyo económico podría repercutir, directamente, con el costo que tendrá el servicio.
“Se plasmaron en una solicitud dirigida al ministro de Finanzas donde él estaría haciendo la gestión, luego al poco tiempo el presidente Giammattei estaría presentando una iniciativa al Congreso para que los puntos que se acordaron en la mesa técnica pudieran llevarse a cabo, como el tema de la subvención que sería afortunadamente de Q70 millones para un periodo de tres meses y así evitar incrementos en el servicio y afectar a la población”, precisó Guerra.
Aporte al usuario
Los transportistas señalaron que esperan que los recursos lleguen directamente al usuario, esto para evitar problemas o disgusto de la propia población, aunque admiten desconocer algunos aspectos técnicos de la propuesta.
“Los detalles de cómo lo vaya a otorgar el gobierno si no los conozco, nosotros dijimos que se lo dieran al usuario y que nosotros íbamos a cobrar la tarifa que nos autorizaran para evitar ya el desgaste que se da al manejar fondos públicos porque no es un secreto que hay personas que si se atreven a dilapidar los recursos públicos entonces hay problema después en la fase de ejecución”, argumentó Edwin Amaya, representante de Asopagua.
Amaya fue claro en decir que no desean recibir el aporte económico y que este compromiso quede al usuario, “la gente no entiende que un subsidio es para cubrir el déficit de un servicio prestado, entonces la gente se va por las ramas pensando que el dinero nos lo están regalando cuando no es así, por eso nosotros mejor dijimos que eso se lo den al usuario y que a nosotros nos autoricen cobrar algo para cubrir los gastos de operación”.
Finanzas: Faltan reuniones
Hasta ahora la iniciativa de ley para el aporte económico de Q70 millones no es un hecho, según explicaron autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin), quienes indican que restan otras reuniones para conocer el detalle de las propuestas o acuerdos alcanzados.
Vía mensaje el titular de la cartera, Álvaro Gonzáles Ricci, explicó que tiene pendiente una reunión con la mesa de diálogo, pero que aún no tenían una fecha exacta para celebrar el encuentro.
Por su parte el viceministro de Transporte, Mariano Díaz, argumentó el pasado miércoles ante diputados de la Comisión de Finanzas que un eventual subsidio para el transporte aún estaba en etapa de discusión.
“Con el subsidio estamos en una mesa técnica a través de la Dirección General de Transporte (DGT), trabajando. Nosotros no podemos autorizar un alza o un subsidio sin un elemento técnico que se pueda desarrollar, de modo que estamos en ese proceso”, refirió.
Rechazan subsidio
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) anunciaron que no están de acuerdo con que se otorgue una subvención o subsidio económico para el transporte público, asegurando que en el pasado este tipo de medidas no han dado resultados.
“Todos sabemos lo que ha habido alrededor del Transurbano, de estos buses rojos, el famoso subsidio que se los dan para cierto número de buses y funcionan en una menor cantidad, alrededor de todo este subsidio sabemos que ha habido muchísima corrupción. Definitivamente el sector privado no está de acuerdo con el subsidio al transporte y creemos que se debe pensar de una forma integral para que el gobierno tenga un sistema de transporte público eficiente”, señaló Nils Leporowsky, presidente del Cacif.
Piden autorización
Mediante una carta el pasado 16 de septiembre Asopagua pidió a la municipalidad de Guatemala permiso para comenzar a circular desde el próximo 1 de octubre, pero hasta ahora no han recibido alguna respuesta.
Representantes de los transportistas explicaron que si el próximo lunes no tienen alguna postura de la comuna se van a reunir para analizar si es viable otra solicitud o medida que les permitan regresar a operaciones.
Señalaron que pasar otro mes fuera de servicio será un golpe devastador para la economía de los propietarios de los buses y sus trabajadores, además que los usuarios están gastando más dinero y poniendo en riesgo su salud al viajar en vehículos pequeños sin garantías sanitarias.
Por su parte la Municipalidad señaló que antes que se autorice la circulación de cualquier sistema de transporte público se requieren cumplir con una serie de requisitos, entre ellas, un ensayo al que los buses rojos aún no se han sometido.
