Este martes, mientras en el Palacio Nacional varios ministros presentaban con bombos y platillos un “Plan de Recuperación Económica”, en el Congreso el superintendente de la Administración Tributaria daba a conocer que estaban analizando incrementos a impuestos para reducir el déficit fiscal. Una parte del plan tarde o temprano llevará a las consecuencias que planteó el superintendente, pero seguramente ninguno de los ministros se esperaba que les aguaran la fiesta tan rápido.

Primero el plan. Aunque algunos aspectos de este son rescatables, lo que realmente se necesita en este momento para la recuperación económica es la eliminación de todo tipo de restricciones a la libertad de acción, lo que también pasa por dejar de prorrogar el estado de Calamidad, que solamente genera mayor incertidumbre y desincentiva todo tipo de inversión.

En ese sentido, lo que considero más importante e inmediato del plan es lo que llamaron la “legislación relevante”, que son propuestas de ley —que ya están en el Congreso y que se debería acelerar su proceso de aprobación—, tales como la reforma a la Ley de Zonas Francas, la Ley “Antitrámites” y el reglamento del trabajo a tiempo parcial. Y yo añadiría el reglamento del acuerdo 169 de la OIT.

Estas son leyes que podrían fácilmente impulsar en el Congreso sin necesidad de mayores estrategias; sin embargo, considero que, lamentablemente, las van a utilizar de “moneda de cambio” para negociar la aprobación del presupuesto, ya que buena parte de su plan depende de casi Q5 millardos para la construcción de obras, que ellos erróneamente consideran el corazón del plan de reactivación.

Pero si realmente desean que haya una “recuperación económica”, no deberían amarrar una cosa a la otra y deberían buscar la aprobación de estas iniciativas lo más pronto posible en el Congreso. En las actuales circunstancias, cada minuto cuenta.

Habiendo dicho esto, veamos las declaraciones del superintendente. Aunque este se haya retractado ayer en una conferencia —quién sabe qué regañada le dieron por su imprudencia de decir lo obvio—, lo cierto es que el gigantesco endeudamiento que fue aprobado este año y el que esperan que les autoricen para el año entrante, como lo advertimos desde el principio los pocos que nos atrevimos a oponernos, tarde o temprano desembocará en que los gobernantes necesitarán quitarles más dinero a los oprimidos tributarios para pagar esas locuras en las que ellos mismos nos metieron.

No hay por qué engañarse. Todo lo que el Gobierno gasta, primero se lo tiene que quitar a la ciudadanía. El problema es que tienen la ventaja de que lo pueden hacer a futuro, pasándole la chibolita al siguiente, a través de la deuda “pública”, sin que los tributarios se percaten de que son ellos mismos, sus hijos o sus nietos quienes tarde o temprano deberán pagar las locuras de los gobernantes.

De allí que si usted se ha indignado porque el superintendente insinuó que le harían más caro el transporte o la construcción, pero no se ha indignado cuando autorizan gigantescos endeudamientos, déjeme decirle que usted todavía está embrujado por el cuento de que existen los almuerzos gratis. Cualquier cosa que el Gobierno le ofrezca, primero se lo va a quitar a usted mismo, y luego le devolverá migajas. El superintendente lo entiende bien, ya que tiene la infausta tarea —aunque seguramente la disfruta— de arrebatarle a usted el dinero que luego los demás funcionarios despilfarrarán.

El problema es que, en lugar de estar hablando de incrementar los impuestos, el Gobierno debiera estar ocupado en reducirlos, pero especialmente en reducir sus gastos.