El 13 de septiembre del año 2020 cumplimos 11 meses sin que se realice la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en Guatemala.

Se ha observado un desfile de actores y personajes que intentan repetidamente incidir en el proceso de elección (algunos con intereses legítimos y otros no). Organizaciones y actores políticos deteniendo el proceso, la Corte de Constitucionalidad (CC) avalando suspensiones y repeticiones, Gustavo Alejos (implicado en casos de corrupción) reuniéndose con candidatos a Magistrados y diputados, el Ministerio Público solicitando la anulación de una sentencia de la CC y el Congreso posponiendo y dejando la elección rezagada en el último punto de la agenda legislativa.

El proceso de elección de Cortes en el país se ha (lo han) convertido en un evento político en sí mismo de gran magnitud. En países como Guatemala el concepto poder tiene mala fama y en gran medida es porque los ciudadanos asociamos el poder público con abusos, corrupción y arbitrariedades. Las personas que ocupan puestos públicos están sujetos a la ley; porque los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley les indica.

El Congreso ha estado postergando el inicio de la elección y en gran medida se debe a que la CC le otorgó el argumento sobre una forma inviable de llevar a cabo votación. En la última sentencia de la CC (en relación a este proceso) se indicó que cada diputado (160) debe votar a viva voz por los postulantes (296) hasta integrar las cortes. Las partes del amparo en donde la CC estableció dicha forma de votación presentaron diversos recursos como la aclaración y hasta nulidad de la sentencia. Sin embargo, en el momento oportuno en el cual la CC pudo enmendar los errores, que había cometido, decidió dejar en firme la sentencia, incentivando así, hasta el día de hoy, la falta de elección de las Cortes en el país. Esta forma inviable de votación ha sido la excusa del Congreso para no elegir Cortes y de paso han hecho poco o nada por solucionarlo, teniendo las facultades para hacerlo.

Los Magistrados de la CC o los que están actualmente en funciones tienen la responsabilidad de velar por el orden constitucional del país, sin embargo podrían cometer un grave error al pretender modificar los errores que cometieron en la sentencia pasada. Una sub-sanción podría generar precedentes de gran peligro para el país en un futuro e inclusive acarrearles responsabilidad penal y administrativa, agravando así el conflicto institucional existente entre las mismas Cortes del país.

Es indiscutible la necesidad de tener procesos de alternabilidad del poder público de forma ordenada y certera. Estos procesos forman una parte esencial de una república democrática por lo que la solución a este embrollo en el que nos encontramos es urgente. El Congreso puede reformar el acuerdo legislativo que regula la forma de votación para establecer plazos realistas y métodos transparentes; sin embargo, por la extrema poca confianza que acarrean los diputados tendrían que hacer esa solución de forma precisa y transparente.

Como sociedad debemos hacer una seria reflexión sobre el rol que cumplen las Cortes y sobre la funcionalidad del poder jurisdiccional. El poder de hacer cumplir la ley. De esta complicada situación debemos aspirar a fortalecer nuestro sistema de justicia. Idealmente, la discusión académica e intelectual debería de persistir, sin importar a los vociferantes que atacan o defienden irrestrictamente a unos u otros.

Los precedentes acumulados de no poder realizar elecciones de Cortes de forma ordenada e independiente debe servir para mejorar el sistema, no debemos tolerar dichas acciones en futuras elecciones. Estos precedentes no deben de ser útiles para quienes juegan a la creación de crisis para capitalizar el poder y complicar futuros procesos de alternabilidad del poder público. Es necesaria una discusión honesta sobre la solución, de análisis de problemas de fondo y no de porras de determinados bandos.