La publicación este jueves de los cambios en las disposiciones presidenciales para permitir que se abra el Aeropuerto Internacional La Aurora para vuelos internacionales comerciales —más, porque ya había algunos camuflados de “humanitarios”— causó revuelo, no tanto por lo del aeropuerto, como por la supuesta amenaza de limitar nuevamente la circulación que iba en uno de los artículos. Fue tanto el escándalo que se armó, que al mediodía tuvieron que ofrecer una conferencia de prensa para “aclarar” lo publicado en la mañana.

Al final, era simplemente una “falsa alarma”, ya que lo único que realmente se cambió fue lo relativo a los viajes internacionales. En la “circulación nacional” no hubo ningún cambio. Según los funcionarios en la conferencia de prensa, uno puede circular y hacer todo lo que permite el semáforo en cada municipio.

Ese artículo, de hecho, es un buen ejemplo de que, cuando la legislación es mala, ilegítima o incumplible, ni siquiera los mismos funcionarios las respetan. Porque al final, ese es el mensaje que queda de la conferencia de prensa: no importa lo que diga el presidente en sus disposiciones, no importa lo que está publicado en el diario oficial, lo que importa es lo que decimos aquí en la conferencia de prensa. Así que nos dijeron, no le haga caso a lo que publica el presidente, salga a pasear y despreocúpese de lo que dice allí. Solo siga las normas del semáforo.

Sin embargo, espero que gracias a este “malentendido” los guatemaltecos finalmente se enteren de que desde hace tiempo dependen de la discrecionalidad de cualquier funcionario, policía, codede o alcalde que encuentren en el camino, ya que esa limitación no es nueva y ha estado vigente desde tiempo atrás. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se toma el tiempo de leer todas las “disposiciones”.

Y allí es donde se pone complicada la cosa porque, aunque a la disposición presidencial nadie le haga caso, está allí, publicada en el diario oficial, lista para que cualquier burócrata que se quiera aprovechar de ella la use en su contra. De hecho, es tan vigente como los toques de queda publicados también en las disposiciones presidenciales. Lo que me lleva a pensar que, si uno no tiene que hacerle caso a esta disposición, ¿por qué tendría que hacerle caso a la del toque de queda? ¿O a cualquier otra, para el caso?

Yo entiendo que los pícaros asesores del presidente han preferido que se mantenga esa restricción en las disposiciones, aunque por el otro lado digan que no es necesario cumplirla, porque quieren guardarse las espaldas para que, cuando ellos o el presidente lo consideren necesario, puedan utilizarlo en contra de alguien.

Pero este affaire nos debiera llevar a recordarnos de lo absurdo que es la maraña de leyes y reglamentos que tenemos en Guatemala, que nadie ni siquiera sabe a ciencia cierta qué tan complicada es. ¿Se recuerda de aquello de las 60 mil y pico leyes que tenemos en el país? Pues la mayoría de ellas son iguales a este artículo de las disposiciones presidenciales: casi nadie sabe que existen, nadie las respeta, nadie las acata, nadie las hace cumplir, hasta que llega el momento en que son convenientes para extorsionar a algún ingenuo o algún enemigo.

Ojalá que se entienda la lección. En este caso particular, se debe exigir que se quite esa disposición presidencial —al que más le debería interesar es al propio Giammattei, porque solo sirve para que hasta sus propios funcionarios menosprecien sus palabras— y nos debe llevar a una reflexión más profunda sobre los miles de códigos, leyes y regulaciones obsoletas que solo retrasan nuestro desarrollo, y se deben eliminar.