El LNS informó, por medio de la portavoz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Julia Barrera, que recibió cuatro marcas de diferentes pruebas, aunque no reveló la identidad de las entidades que participaron, “por confidencialidad del estudio”.
La institución ofreció publicar, en el transcurso de un mes, los resultados y revelar el desempeño de cada muestra al terminar la evaluación.
Para participar, cada proveedor entregó entre el 24 y el 31 de agosto 300 pruebas rápidas, kits para la toma de muestras —hisopos, tubos y etiquetas— y demás insumos necesarios. La efectividad que tengan se comparará con las pruebas PCR, que tienen una mejor asertividad.
El LNS aseguró que el objetivo es aportar criterios técnicos para la adquisición de pruebas rápidas. Sin embargo, los resultados no condicionarán las compras que hagan los laboratorios y hospitales de la red pública.
“De momento, en Guatemala no existen normativas o reglamentos que soliciten verificación del desempeño previo a realizar una compra”, dijo Julia Barrera, vocera del MSPAS.
Se tiene planificada una segunda ronda de verificación durante octubre. “Después, y según las necesidades, se planificarán estudios de verificación de forma periódica”, añadió Barrera.
Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), dijo que ese proceso se justifica porque hay pruebas de antígeno cuya calidad no se ha evaluado y, por lo tanto, se desconoce su grado de sensibilidad.
“Para que el Ministerio de Salud compre algo, tienen que tener criterios para decir por qué lo está comprando”, manifestó.
Compromiso
Antes de participar en la evaluación, se impuso el requisito a las empresas de que firmaran un contrato en el cual se comprometen a “respetar la imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad del Laboratorio Nacional de Salud” y renuncian a su derecho de accionar contra los resultados del estudio.
“Se le exime al MSPAS y sus dependencias de la responsabilidad que pudieran tener por la realización de este estudio”, se lee en el documento que firmaron.
Alicia Chang, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), consideró que la finalidad del estudio es acertada, porque se debe tener control sobre la calidad de las pruebas. Sin embargo, el compromiso que debieron firmar los proveedores no se ve justo.
“Suena como que no desean que ellos tengan un qué decir después de que salga el estudio, como si los resultados son irrevocables y no se puede hacer ninguna anotación, ninguna sugerencia”, opinó.
Adrián Chávez, exviceministro Técnico de Salud, dijo que la desconfianza en la institucionalidad guatemalteca es generalizada. “Esto obliga al MSPAS a ser claro en los criterios de evaluación y transparente durante todo el proceso de evaluación. El acompañamiento de la OPS podría ayudar”, dijo el salubrista.
Chávez coincidió con la vicepresidenta de la Agei sobre la importancia de ese estudio. Incluso, sugirió que los resultados deben ser de observancia obligatoria para la red pública de salud cuando se adquieren pruebas. De lo contrario, no tendrá efectos relevantes.
“No queda claro qué va a pasar con los resultados de las pruebas. Esto debería ser público y de alguna forma vinculante, de modo que las que evidencien un bajo desempeño sean sacadas del mercado con el fin de no exponer a la población a muestras inadecuadas”, cuestionó.
Compras
Desde que comenzó la pandemia, se han hecho compras por emergencia de pruebas de antígeno que suman unos Q57 millones 854 mil 436, según consta en Guatecompras. Han sido adjudicadas por el MSPAS, el IGSS y municipalidades.
Hasta ahora, la compra más cara la hizo el MSPAS el 10 de julio. Adquirió 120 mil pruebas a un precio de Q23.7 millones; cada una a Q198. Le sigue el IGSS, que adquirió 50 mil, a Q9.9 millones. En ambos eventos la entidad adjudicada fue Labymed, S. A.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, recordó la denuncia pública que se hizo hace dos semanas, en la que se reveló que esa misma entidad había ganado el 94.4 por ciento de las compras, aun cuando otros proveedores ofrecieron precios menores.
En esa ocasión, se reprochó que Labymed regaló el 7 de abril un equipo para procesar pruebas PCR, y a ello podría obedecer la preferencia.
“Tal vez querrán sacar una opinión técnica tratando de cubrirse por las compras anómalas que han hecho, manipulado eventos para no comprarle a la competencia”, cuestionó.
Prensa Libre llamó a Labymed y envió mensajes de correo electrónico para consultar sobre su postura, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Asturias aseguró la independencia e imparcialidad del LNS, y explicó que el estudio se enmarca dentro la autoridad reguladora que tiene el MSPAS.
