De antemano se debe aclarar que reclamar una reforma penitenciaria y un sistema de rehabilitación para privados de libertad no significa ablandar protocolos ni rebajar criterios de protección pública: existen reos sanguinarios y sociópatas cuya carencia de empatía y múltiples reincidencias obligan a una reclusión de alta seguridad, con un diseño de instalación y operación que constituya un disuasivo pero que, por desgracia, hasta la fecha no existe en el país.

En 2011, Taiwán ofreció donar la construcción de una prisión de este tipo, pero al no existir incentivos perversos -debido a los altos estándares de transparencia que maneja dicho gobierno- el proyecto quedó traspapelado. Un supuesto proyecto de reforma del sistema penitenciario fue lanzado en 2015 por el entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, pero hoy él es un recluso más. En enero último, el presidente Alejandro Giammattei, quien fue director de Presidios tres lustros atrás, anunció la construcción de la cárcel de máxima seguridad. El receso de la pandemia bien pudo servir para afinar el proyecto, licitarlo a nivel mundial y eventualmente lograr un nuevo ofrecimiento de donación.

Lo único que hay hasta ahora son las mismas requisas de siempre, con los mismos decomisos de siempre y algunas rotaciones publicitadas de reos vinculados con extorsiones. A la fecha no se conoce el plan de fondo, tanto para centros preventivos como de cumplimiento de condenas, además de las áreas de encierro en estaciones policiales, que constituyen un resabio de tiempos del conflicto armado, y las de cuarteles militares, que son toda una anomalía legal que surgió como respuesta de emergencia, pero que se ha prolongado indefinidamente.

Por otra parte, el enfoque de encierro ocioso es un concepto medieval que solo consume recursos del Estado para mantener a una población carcelaria creciente: toda una universidad del crimen en donde entran ladronzuelos de poca monta que salen convertidos en sicarios y extorsionistas, precisamente a causa del caos en la distribución de reos por tipo de delito y la falta de registros en tiempo real.

Uno de los más respetados expertos penitenciarios, que transformó el sistema de cárceles de Massachussets para posibilitar la rehabilitación y reinserción social, cuyo modelo ha sido replicado en otras prisiones de EE. UU., es guatemalteco. Su nombre es Byron Titus. En varias ocasiones ha ofrecido sus servicios de asesoría, con todo un equipo de trabajo, prácticamente sin costo para Guatemala, y lo único que ha conseguido son simulaciones de atención por parte de anteriores autoridades de Gobernación y Presidios, que obviamente no están interesadas en el cambio sino solo en mantener un conveniente desorden con su cauda de tráfico de drogas, personas y extorsiones.

Si acaso el actual gobierno quiere dejar un legado penitenciario constructivo, debería empezar a trazar nueva infraestructura física y operacional centrada en la rehabilitación. Segundo, se tiene que trabajar en la rehabilitación de menores infractores que a la fecha siguen mezclados con adultos que cumplieron la mayoría de edad en encierro. Tercero, urge crear la carrera penitenciaria para frenar los nombramientos a dedo e impulsar un régimen disciplinario tan estricto, pero a la vez fundamentado en una mística de valores, que haga impensable cualquier complicidad. En pocas palabras, se necesita que se cumpla la ley tanto fuera como adentro de las prisiones.