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En el transcurso de la reunión se alcanzaron algunos acuerdos, informó Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Entre los acuerdos está que solicitarán una subvención -ayuda económica- por Q2.50 por cada vez que el usuario utilice el servicio.
También se trabajará en una mesa técnica específica para determinar si es posible exonerar las multas a los transportista, quienes adeudan aproximadamente Q28 millones.
Guerra indicó que serán retirados los autobuses que no llenen los requisitos para el servicio, para este tema se instaló una mesa técnica específica para hacer las verificaciones en cada autobús y clasificar cuáles unidades están aptas para prestar el servicio.
Añadió que se acordó la instalación y operación del sistema prepago y será requisito para operar. Esto será para garantizar el cobro de la tarifa y la Contraloría General de Cuentas y la sociedad civil verificar que los recursos se usen de una forma óptima.
Esto es para llevar mejor control dijo Guerra y no como ocurrió anteriormente con los más de Q8 mil millones que recibieron los transportistas desde 1977 al 2015.
También se hizo la petición de la clasificación y profesionalización de los pilotos para mejorar el servicio y la atención al usuario.
El funcionario señaló que se ha tornado en un calvario viajar en buses, principalmente los rojos, ya que algunos pilotos y ayudantes no dan trato digno al usuario.
Señaló que los adultos mayores y personas con discapacidad han quedado en el abandono en el tema de transporte público.
Indicó que anteriormente los transportistas han recibido subsidio para prestar el servicio a los adultos mayores, pero ha habido una mala orientación de este. Se han otorgado entre Q22 y Q27 millones.
El 30 de julio recién pasado, la Municipalidad de Guatemala publicó en el diario de Centro América la autorización para la circulación del transporte público colectivo urbano que será otorgada mediante resolución emitida por el gerente general de la Empresa Municipal Transporte y sus áreas de influencia urbana.
La autorización será otorgada a los prestadores del servicio del transporte público colectivo urbano que cuenten con autorización de licencia de operación vigente; además, deberán cumplir una serie de requisitos.
