Falsificación de documentos, parsimonia judicial, litigio malicioso, tráfico de influencias, abuso de poder, intimidación de testigos y violencia intrafamiliar son algunos de los grandes problemas que afectan el devenir nacional, los cuales atentan contra la seguridad pública y comprometen, individualmente, el estado de Derecho. En Guatemala existe un caso que los combina todos: la desaparición de Cristina Siekavizza, quien fue vista con vida por última vez el 6 de julio de 2011 y cuyo principal y hasta ahora único acusado era su esposo, Roberto Barreda, fallecido ayer de covid-19 y quien estaba a pocos días de enfrentar juicio, tras múltiples dilaciones.

Resulta curioso que haya sido un 9 de agosto, hace 9 años, cuando Barreda huyó del país, con un pasaporte falso y no se supiera más de él ni de sus hijos —también sacados ilegalmente—, hasta que fue localizado y detenido en noviembre de 2013, en Yucatán, México, en donde residía con el nombre de Carlos Roberto Barreida y en donde presuntamente recibía dinero de parte de su familia, triangulado vía Belice. Según la fundación Sobrevivientes, la información sobre sus desplazamientos se obtuvo desde un año antes.

Sin entrar a declarar la culpabilidad e inocencia del ahora fallecido, la historia del caso presenta indicios comprometedores; por ejemplo, el asesinato de 17 balazos del detective privado Alejandro de la Vega, contratado para investigar el paradero de Siekavizza —cometido el 31 de agosto de 2011—, o los intentos por desacreditar a los testigos clave, incluyendo a la doméstica Petrona Say, a quien la madre del señalado, la exmagistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Beatriz Ofelia de León, habría intimidado, cargo por el cual está pendiente de juicio.

Barreda siempre sostuvo que desconocía el paradero de Cristina y su defensa se escudó en el argumento de que si no había cadáver no se le podía culpar de haberla ultimado. Sin embargo, el Ministerio Público reunió evidencias concatenadas que contradecían esta tesis, al menos para llevar al acusado ante un juez: las llamadas telefónicas de Barreda, el desplazamiento de su automóvil el 7 de julio, día en que se reportó la desaparición; la sangre detectada en la residencia y el relato de llanto y gritos de Siekavizza escuchados por la exempleada Say, además de la propia fuga del sospechoso.

En cuanto se difundió la noticia del deceso de Barreda se dispararon las elucubraciones acerca de una hipotética estrategia de evasión de justicia, quizá originada a partir de todos los tropiezos que ha tenido el proceso. El MP, de hecho, solicitó un peritaje al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para verificar la identidad del fallecido, algo que, en el caso de Cristina, nunca será posible, pues a pesar de más de dos mil diligencias no se han hallado sus restos.

Finalmente, es necesario subrayar que en Guatemala persiste el fenómeno de la violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres y niños, quienes, ya sea por dependencia económica, temor o condicionamientos guardan silencio sobre las agresiones físicas, verbales y psicológicas que sufren. Desde 2011 han sido muchas las Cristinas que han muerto a causa de golpizas propinadas por sus cónyuges o convivientes. No todas se atreven a denunciar, y cuando por fin lo hacen se enfrentan a ataques en redes sociales, estigmas y también a un sistema que puede poner en tela de duda su queja o bien otorgar medidas sustitutivas a los golpeadores, incluso en casos reincidentes.