Es innegable que EE. UU. es el mayor socio comercial de Guatemala, el polo geopolítico de las relaciones exteriores y, sobre todo, el territorio donde vive, trabaja y aporta su esfuerzo, para ambos países, al menos una sexta parte de connacionales, tanto aquellos que se encuentran en un régimen legal, como los que por diferentes razones están indocumentados o en diversas fases de procesos de pedido de asilo.

Por más que la administración de Donald Trump enarboló el discurso y diversas acciones contra la migración ilegal, el éxodo persiste desde distintos países, por lo cual se debería mover hacia otros enfoques. Hasta hoy todavía hay guatemaltecos que emprenden camino al Norte con la esperanza de tener las oportunidades de superación laboral y económica que les permitan proveer subsistencia a sus familias. La pandemia del covid-19 logró lo que las restricciones no alcanzaron a hacer en los tres años precedentes: reducir el número de migrantes, mas no su total erradicación. A la vez, disparó hasta US$1 mil 78 millones el envío de remesas a Guatemala, un ingreso de divisas fundamental para la estabilidad económica.

En este aspecto es donde cobra sentido la propuesta electoral del candidato demócrata Joe Biden, quien ofrece una reforma migratoria de llegar a la Presidencia: esa promesa la hizo en su momento Barack Obama y no llegó a concretarse, pero al menos instituyó el programa de Acción Diferida, mejor conocido por sus siglas en inglés, DACA, o el sobrenombre Soñadores, dirigido a dar permisos de estudio o trabajo a jóvenes -entre ellos 39 mil guatemaltecos- que llegaron en su niñez a suelo estadounidense y que no tienen mayores lazos identitarios o nexos familiares en sus países de origen.

Por su parte, el presidente Trump, quien busca la reelección, ha mantenido el dedo en el renglón acerca de la suspensión de trámites de asilo y pedidos de residencia, basado ahora en la emergencia sanitaria, pues el programa de Tercer País Seguro, construido sobre subterfugios, interpretaciones casuísticas y la oficiosa participación de gobiernos como el de Jimmy Morales, quedó en suspenso debido a un fallo de la Corte Suprema de aquel país.

Gane quien gane las elecciones, el tema migratorio debe tener por parte del Estado de Guatemala un abordaje innovador, proactivo y de mutuo beneficio, sin imposiciones o chantajes. Estados Unidos puede llegar a contar con una colaboración más activa de los estados en la reducción de viajeros indocumentados, pero no tanto a través de herramientas represivas, sino mediante la generación de estrategias de oportunidad que desmotiven este tipo de salidas que rompen familias y socavan el bono demográfico. Una estrategia de esta magnitud e integralidad sería el mejor bono político para cualquier mandatario y partido con mayoría legislativa.

Guatemala puede obtener mucho más rédito diplomático, económico e incluso político si juega con inteligencia su papel de incondicional socio comercial y de seguridad, pero para ello se necesita de una capacidad de negociación visionaria, propuestas de comercio innovadoras -que generen nuevos mercados allá y empleos aquí-, la negociación de un Estatus de Protección Migratoria para compatriotas que califiquen y una aplicación eficiente de los programas de ayuda estadounidense en salud, agricultura, gobernanza, transparencia y seguridad. El enfoque gana-gana es el de mayor beneficio, alejado de cualquier polarización anacrónica o farsas como la protagonizada por el gobierno anterior.