El domingo, flanqueado por el ministro de Economía y el comisionado de la Coprecovid, el presidente Alejandro Giammattei anunció las disposiciones que regirán por los próximos 15 días. Con el lema “Guatemala no se detiene” explicó el nuevo sistema de alerta, a cargo del ministerio de Salud, que servirá para ordenar a los municipios según la cantidad de contagios que registren.

Aún cuando la mayoría están en alerta roja o naranja, el gobierno decidió la apertura del transporte público y de las (pocas) actividades que seguían restringidas. En realidad, en la primera etapa de la emergencia el mandatario tomó medidas contundentes con las que mantuvo la epidemia bajo control. Pero después de Semana Santa, en el medio de enormes presiones, la conducción de la emergencia se volvió errática y, en muchos momentos, hepática.

En los últimos tres meses nos mantuvimos en un “estira y afloja” respecto de las disposiciones para contener el virus, lo que se tradujo -como no podía ser de otra manera- en un aumento de los contagios y, por consiguiente, en la saturación de los hospitales temporales y nacionales. Rebasados en su capacidad y sin suficiente equipo de protección, empezaron los fallecimientos del personal de salud.

Como se ha explicado reiteradamente, el nuevo coronavirus tiene una “estrategia de irradiación silenciosa”. Se propaga sin levantar sospechas. En alrededor del 85% de los casos, las personas infectadas son asintomáticas o presentan síntomas leves o moderados. Sin embargo, en el 15% restante surgen complicaciones que ameritan hospitalización. Como el contagio es masivo y simultáneo, esta “minoría” que necesitará tratamiento hospitalario, llega a cifras muy altas según la cantidad de la población. Y Guatemala es un país con una densidad poblacional alta.

Como lo hemos visto en China, Italia, España, Irán, Reino Unido, Francia, México, Brasil o Estados Unidos, basta con que cientos o miles de personas lleguen a los hospitales al mismo tiempo, para que todo el sistema sanitario colapse, por más desarrollado que sea el país. Por eso, resulta de enorme preocupación esta reapertura con los contagios al alza, cuando nuestro sistema de salud está en cuidados intensivos y cuando -como ocurrió con algunas maquilas y call centers- los protocolos no se cumplieron y no hubo capacidad de supervisión.

En ocasiones anteriores, el presidente afirmó que las restricciones se reducirían en la medida que los contagios también se redujeran de manera sostenida, y esto no es lo que está ocurriendo. Un problema básico es que el número de pruebas es insuficiente y, por lo tanto, las cifras que se manejan no representan la realidad-real. Además, la estrategia del semáforo funciona en base a datos confiables que no tenemos.

Por supuesto que en este país, en el que la mayoría de gente vive “al día”, resulta de enorme complejidad mantener una cuarentena estricta para aplanar la curva de contagios sin que los efectos económicos sean profundos. Pero si el objetivo real es salvar la mayor cantidad de vidas, debieron establecerse mecanismos efectivos y ágiles para proveerles de compensadores sociales.

Los especialistas sostienen que la apertura debe hacerse cuando la curva de contagios registra un descenso sostenido por dos semanas y cuando los niveles están por debajo del 10% de las pruebas positivas, y nosotros tenemos el 31%. Obvio, también el testeo debe ser masivo, porque si no, el efecto es el contrario al esperado. Ahí tienen ustedes a Florida o a Suecia, que debieron recular, y hoy se lamentan miles de fallecimientos y el retraso de la tan “ansiada” reapertura económica.

Quiero equivocarme al pensar que con esta decisión lo que no se va a detener en Guatemala son los contagios y las muertes.