Cada niño o niña que nace hoy en Guatemala, incluyendo a quienes crecerán en las regiones más golpeadas por la pobreza y el abandono, no tendrá asegurada una adecuada nutrición, educación o salud, pero sí tendrá atado una adeudo de al menos Q10 mil 651, cifra que en 2019 era de Q9 mil 624 y que ha crecido conforme aumenta la deuda pública; es decir, la adquisición de fondos a crédito, ya sea por préstamos de organismos internacionales o emisión de bonos.

No se trata de un problema nuevo, pero sí de uno creciente y convenientemente soslayado por la inmensa mayoría de políticos y tecnócratas. En abril pasado, los diputados al Congreso se ufanaban de haber aprobado créditos por más de Q11 mil millones para paliar la crisis generada por el covid-19 y ya solo les faltaba pedir la medalla de héroes por tal procedimiento, a pesar de que faltaba claridad sobre el uso que se daría a tales recursos.

El endeudamiento sin controles, sin un destino claro, transparente y auditable de inversión pública se ha convertido en uno de los mayores lastres para el crecimiento económico del país. Esto es grave, sobre todo si se toma en cuenta que la emisión de bonos de abril rompió con una prohibición que regía desde 1993 precisamente para evitar los dispendios y abusos que suceden cuando la abundancia de liquidez conduce a una piñatización de fondos, apetecidos por contratistas allegados o testaferros de funcionarios o congresistas.

La tentación del dinero fácil resulta como un descomunal tarjetazo de crédito, cuyo verdadero costo recaerá sobre quienes hoy son niños, así como en el momento actual toda la población en edad productiva paga los despropósitos de quienes aprobaron préstamos precedentes en las décadas de 1990 y 2000, siempre con el mismo pretexto: que la economía resiste, que el país presenta “niveles adecuados”, que se encuentra “solvente”, aunque en realidad solo sigue abonando intereses o cuotas mínimas de tan generosas líneas de crédito.

Un aspecto llamativo: cuando dependencias estatales “evalúan” los niveles de endeudamiento del Estado para otorgar permisos de préstamos o emisiones de bonos, evitan tomar en cuenta la inmensa y creciente deuda de los gobiernos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o con la misma Banca Central, pues de ser así se evidenciaría la amplia insolvencia con la cual funciona todo el aparato burocrático, que no para de devorar recursos ni deja de expandirse a pesar de su falta de resultados. Baste ver una escena ocurrida la semana recién pasada: familiares de pacientes del hospital temporal del Parque de la Industria debían comprar las medicinas para salvarles la vida, pese a los multimillonarios recursos avalados por los diputados y administrados por el Ejecutivo.

Si el presidente Alejandro Giammattei no quiere pasar a la historia como un mandatario más, debería tener ya muy clara la necesidad de clarificar los destinos de inversión para los más de Q2 mil millones en créditos que tiene previstos para el Presupuesto 2021, pero que de seguro aumentarán debido a la exageración de la meta de ingresos fiscales que, frente a un gasto superior a los Q90 mil millones, suplirá con más deuda. ¿Y todo para qué? Para pagar pactos colectivos lesivos, para costear obras sin garantía, para sufragar más plazas estatales, para pagar más dietas de improductivas reuniones legislativas o ediles, o para que otra familia se vea en la necesidad de tener que comprar por su cuenta las medicinas que debía proveer el Estado.