El gobierno de Trump -que mantiene una línea dura contra la inmigración irregular- intentó incluir en esta edición del censo una pregunta sobre la nacionalidad, pero fue bloqueado por la Corte Suprema.
Ahora no está claro cómo va a poder articular su objetivo de excluir a los indocumentados, con un censo que ya está en marcha, que no incluye ese dato y ante la amenaza de una avalancha de demandas judiciales.
“He determinado, para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto”, indicó el mandatario en una misiva enviada al secretario de Comercio, que está encargado del censo realizado este año en Estados Unidos.
Las estadísticas de población determinan en Estados Unidos la repartición del presupuesto, pero también son vitales para asignar los escaños en la Cámara de Representantes.
En un comunicado, el mandatario defendió que esta acción “refleja un mejor entendimiento de la Constitución y es consistente con los principios de la democracia representativa”.
Para la Casa Blanca, permitir que los extranjeros sin papeles sean contados de cara a la atribución de escaños podría crear “incentivos perversos” como ofrecer una recompensa a Estados que alienten la violación de las leyes de inmigración.
Aritméticamente esta orden apunta a estados muy poblados y que votan tradicionalmente por los demócratas como California, que tiene 53 de los 435 escaños de la Cámara Baja.
“La inclusión de estos extranjeros ilegales en la población de un estado con el propósito del reparto (de escaños) podría implicar la atribución de tres o más banquillos del Congreso que de otro modo serían asignados de forma diferente”, indicó Trump.
Antes del inicio del censo, los expertos de esta oficina independiente, advirtieron que el intento de incluir la pregunta sobre la nacionalidad podría impedir que entre 1.6 y 6.5 millones de inmigrantes -en su mayoría latinos- participaran en la encuesta o que mintieran en sus respuestas.
En Estados Unidos viven más de 10 millones de inmigrantes irregulares, según estimaciones de la consultora Pew.
“Inconstitucional”
La Constitución de Estados Unidos estipula que el número de escaños debe atribuirse teniendo en cuenta el total de personas en cada estado.
En el documento enviado al Departamento de Comercio, Trump señala que el requerimiento de la Constitución “nunca ha sido entendido en el sentido de que se tiene que incluir cada individuo que esté presente físicamente en los límites de un estado en el momento del censo”.
La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció que va a recurrir a la decisión del presidente.
“Nadie deja de ser una persona porque carezca de documentación”, replicó James en un comunicado. “Según lo que dice la ley, cada persona que reside en Nueva York durante el censo, sin importar su estatuto debe ser contado”.
La interpretación del gobierno recibió una lluvia de críticas de organizaciones que defienden a los migrantes y de la oposición demócrata.
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, denunció que “la agenda antiinmigrante de Donald Trump no tiene límites”.
Para Perez, esta orden es “inconstitucional” y su “único propósito es silenciar y quitarle poder a las voces latinas y a las comunidades minoritarias”.
La líder de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, también respondió rauda, afirmando que la “Constitución es clara” y que estipula que se cuenta a “todas las personas”.
Además, Pelosi prometió que la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, va a responder con contundencia a “cualquier intento inconstitucional e ilegal del presidente para perjudicar el censo”.
La asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció esta acción del presidente como “inconstitucional” y prometió desafiarla ante los tribunales.
Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los migrantes también rechazaron el planteamiento de Trump.
“Este memorándum odioso reafirma lo que ya sabíamos: que la Casa Blanca no ve a los inmigrantes como personas”, afirmó Krish O’Mara Vignarajah, presidente del Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS).
La organización La Colmena apeló además al aspecto práctico de esta decisión.
“La realidad es que el censo ya está en marcha y no incluye una pregunta sobre la documentación”, sentenció.
