Los abruptos cambios en cifras reportadas por el recién lanzado contador digital nacional del covid-19 vuelven a sorprender a la opinión pública, sobre todo a causa de la súbita adición de 18 mil pacientes recuperados, cifra que debería constituir en sí misma una noticia alentadora, pero que a causa de las inexactitudes, omisiones, malentendidos, ineficiencias y sucesivas correcciones previas origina opiniones encontradas, que van desde el cauto optimismo hasta el total escepticismo.

Cabe aclarar que esta suspicacia puede atajarse si se explica con transparencia y criterios científicos la cifra de recuperados, con un desglose por regiones, departamentos, sexo o edad, para que no parezca una simple sustracción abstracta; lo mismo vale decir de los números de nuevos pacientes positivos o de los fallecidos. Sobra decir que sería éticamente injustificable si el alza en recuperaciones reportadas obedeciera tan solo a la necesidad de legitimar una reactivación económica, la cual es necesaria y urgente, pero que no puede construirse sobre riesgos, puesto que a la larga esto sería contraproducente. A una semana del plazo establecido por el Gobierno para poner en marcha un semáforo epidemiológico guiado por la incidencia de casos por municipio, es preciso hacer notar la retractación del gobierno salvadoreño respecto de la apertura emprendida dos semanas atrás, debido al repunte de casos y a las limitaciones del sistema hospitalario de dicho país para atenderlos.

Sin embargo, el aspecto que más debe pesar en la ruta de normalización productiva es la confianza ciudadana en los números provistos por el Gobierno, tanto para pasar de una a otra etapa de reactivación como para regresar a una previa.

Lamentablemente, en lugar de fortalecer la credibilidad, el Gobierno ha perdido aprobación. Según el cuarto estudio de actitudes de los guatemaltecos acerca del coronavirus, desarrollado por ProDatos y publicado la semana recién pasada, solo 49% de guatemaltecos aprueba el abordaje gubernamental de la crisis, una acelerada caída, si se considera que en abril la aprobación era de 83%.

Aunque las actuales autoridades de Salud hacen esfuerzos por mejorar la actualización de datos, la provisión de insumos hospitalarios y las contrataciones o pagos al personal, todavía no existen pesquisas o denuncias serias sobre la negligencia de los antecesores que condujo a este laberinto. Licitaciones fallidas por conflicto de interés, instalaciones inservibles de oxígeno o intimidaciones contra el personal médico que exigía protección constituyen algunas de esas irregularidades. Cabe resaltar, además, que los videos con dramatizaciones hospitalarias resultan inoportunos, pues son herramientas de relaciones públicas totalmente incompatibles con un momento en que aumenta la cifra de médicos fallecidos y siguen sin corregirse deficiencias administrativas en hospitales como el del Parque de la Industria.

Para el 27 de julio próximo, se espera la comunicación oficial sobre la continuidad de restricciones o su reducción. Independientemente de lo que se disponga con base en criterios epidemiológicos, económicos y sociales, resulta necesario sugerir que tal aviso se efectúe de manera asertiva, clara y totalmente desprovista de emotividades innecesarias o justificaciones políticas. Es muy recomendable que las disposiciones sean notificadas a la ciudadanía con antelación suficiente, por escrito, y no esperar hasta la noche del domingo. Tanto si se busca prevenir como si se procura la reactivación, los avisos a última hora entorpecen ambos fines.