Se trata de Daniel Zarco, Ricardo Coba, Christian Wandel y Gabriel Quiñónez Arzú, quienes se presentaron este 16 de julio junto a sus abogados. El Ministerio Público les imputó el delito de contravención de medidas sanitarias.
La jueza Virginia de León los procesó por el delito de contravención de medidas sanitarias, les fijó una fianza de Q7 mil, control biométrico cada 15 días en el Ministerio Público (MP) de Gerona, prohibición de salir del país y prohibición de concurrir a reuniones sociales.
A Augusto Morales, representante legal de la mueblería O3, quien también se entregó, se le dictó falta de mérito.
En la audiencia de primera declaración, las cinco personas se negaron a rendir declaración; además, durante la diligencia la Fiscalía los imputó presentando fotogramas de los videos de las cámaras de videovigilancia por medio de los cuales fueron individualizados.
Detenidos
Por este caso, las autoridades ya habían capturado a otras seis personas: Roberto Chub Santiago, René Oswaldo Cho Cho, Carmen Cosette Leonardo Recinos, Yeraly Estuardo Márquez, Abel Armando García Samayoa y Gabriel Esteban Mauricio Recinos Jo.
Los allanamientos se desarrollaron en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, Fraijanes y San Lucas Sacatepéquez. Se reporta la captura de cinco personas, una de ellas se entregó a la justicia.
#Ahora | En el Juzgado Segundo Penal cinco personas comparecen en audiciencia de primera declaración por su presunta implicación en una fiesta -prohibida por la emergencia- que se organizó en una mueblería de zona 15, el 12 de junio pasado. | pic.twitter.com/FlOiXZ2G8M
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) July 16, 2020
Son señalados de encubrimiento propio y contravención de las medidas sanitarias, debido a que el evento fue organizado en horario restringido por el toque de queda y sin seguir las normas de seguridad establecidas por el Gobierno para prevenir casos de coronavirus.
El pasado 12 de junio circularon videos y fotografías de personas en una fiesta clandestina que se desarrollaba en la tienda O3, ubicada en Condado Concepción.
A raíz de las publicaciones, las autoridades iniciaron una investigación por infringir disposiciones presidenciales establecidas por la emergencia del covid-19.
