La sentencia contra Daniel Lewis Lee, de 47 años, un supremacista blanco condenado por asesinar a una familia de tres en 1996, estaba prevista para el lunes en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana (centro).
Pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos para la inyección letal que se aplicará a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.
“No se sirve bien al público obviando un proceso judicial legítimo”, dijo la jueza.
El departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón.
Los detenidos “no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal”, afirmó el máximo tribunal estadounidense.
“Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal”, informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado. Lee, que era un supremacista blanco, había asesinado a una niña y a sus padres en 1996.
Elección imposible
Lee, originario de Yukon (Oklahoma), es el primer preso federal ejecutado en Estados Unidos desde 2003. Desde la reinstauración de la pena capital en 1988, sólo hubo tres ejecuciones federales.
Lee fue condenado en Arkansas en 1999 por asesinar a William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell.
Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, pidió clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ha ignorado su petición.
Además, los familiares de las víctimas pidieron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que puedan viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.
Alegaron que debían afrontar una “elección imposible” entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud.
Porque esta es una ejecución que involucra a muchas personas: “personal penitenciario, abogados, familiares de víctimas o acusados, periodistas, un capellán …”, enumeró a la AFP Robert Dunham, director del Centro de Información sobre la pena de muerte (DPIC), que se refiere al tema.
“Irresponsable”
Es “irresponsable querer llevar a cabo tantas ejecuciones en tan poco tiempo” en este contexto de crisis sanitaria, subrayó Dunham, quien denunció una “instrumentalización política de la pena capital”.
Después de anunciar la reanudación de estas ejecuciones el año pasado, el ministro de Justicia, Bill Barr, fijó su calendario en junio, justo cuando los nuevos casos de coronavirus estaban en aumento en gran parte del país.
En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.
El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.
