¿Cómo podemos analizar la peligrosa politización del Organismo Judicial? Nos brinda luces el análisis de las decisiones públicas, pues este se enfoca en las elecciones de los actores individuales que responden a los incentivos creados por las reglas del juego. Partimos entonces de la premisa de que los operadores de justicia no son desinteresados ángeles, sino seres humanos ordinarios, con intereses e inclinaciones ideológicas además de buenas intenciones. Algunos querrán elevar su perfil público, cosechar un ascenso, maximizar sus ingresos o preparar la transición a otro empleo. Adicionalmente, estos actores contemplarán consideraciones de índole política, ya sea por preferencias personales o porque dependen financiera o administrativamente de los políticos.

Es lógico que esto sea así, pero no obstante, albergamos la expectativa de un sistema de justicia independiente, imparcial, objetivo, transparente y neutro. El artículo 203 de la Constitución alimenta esta expectativa al imponer penas a quienes atenten contra la independencia del Organismo Judicial, y el artículo 205 subraya la importancia de la autonomía funcional y económica del sistema judicial.

¿Por qué hoy la política parece influir más en el ámbito de la justicia? El Organismo Judicial no existe en una impenetrable burbuja aislada. Con más frecuencia, en varios países, la arena política es dominada por intrincados juegos de intereses particulares y la búsqueda de rentas, y ello salpica al aparato de justicia. Las decisiones ejecutivas y legislativas privilegian a aquellos grupos que ejercen el poder o tienen acceso al mismo. Se piden favores: a veces a cambio de apoyo electoral y monetario, o a veces movilizando a las masas y provocando zozobra. Se aprueban leyes con dedicatoria. La búsqueda de rentas puede ser legal o corrupta. Las alianzas forjadas son efímeras y cambiantes. Los marginalizados o penalizados por estos privilegios sectoriales se ven obligados a incursionar en el juego para proteger sus intereses.

En el sector justicia, la mejor forma de hacer valer la agenda grupal es nombrando jueces y magistrados afines a dichos intereses, pero también se pueden imponer preferencias sectoriales a través del cabildeo o litigio. Inevitablemente, los jueces en muchos países sopesan cómo sus dictámenes afectan el balance de poderes entre los distintos bandos en competencia. En época electoral son arroyados por el torbellino de pasiones partidistas, pues la composición final del congreso y las tendencias del presidente inevitablemente afectan su trabajo. Son apremiados para dar trámite a los casos mediáticos, mientras practican el tortuguismo en otros casos. Sienten la urgencia de silenciar las voces más belicosas. Algunos trascienden los límites del poder judicial para dictar políticas públicas y reencausar el rumbo del país.

¿Es inevitable la politización de las justicia? Mientras sigamos practicando una política rentista, quizás, y por eso debemos poner tanta atención a los incentivos que crean las reglas del juego. Es nocivo alejarnos del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley, porque cuando la ley significa algo diferente para cada uno, cambia de significado o se aplica antojadizamente, reina la incertidumbre. Autores de la talla de Friedrich A. Hayek señalaron cómo la certeza de la Ley, que implica una interpretación certera de los mandatos constitucionales y demás normas, es absolutamente necesaria para garantizar efectivamente la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos. Lo que es más, Hayek sentenció que si no conservamos el Estado de Derecho, la democracia misma perecerá. Al politizar la justicia, los políticos se hacen harakiri.