Este rifirrafe entre algunos diputados del Congreso, la CSJ y la CC pareciera tender a la polarización tradicional que permea normalmente la dinámica nacional. “Superada” aquella otra de “Cicig-Sí o Cicig-No”, y no contentos con la experiencia desgastante que ocasionó, nos enfrascamos en esta nueva. O quizá, y justamente por lo antes comentado, se genera esta otra; más bien pareciera que no podemos vivir sin estar continuamente polarizados, peleados, enojados o agrediéndonos. En el fondo, lo habitual: la falta de respeto al otro, a las instituciones, a la autoridad y, sobre todo, a las normas.

El debate que veo en redes —cuando no la bronca— se circunscribe a señalar a unos de sinvergüenzas porque atacan a otros —se entiende que estos últimos no lo son— o viceversa. Los menos comprometidos abogan porque todo está hecho un desastre estructural —aunque lo dicen con palabras mucho más contundentes— y así se lavan las manos de la responsabilidad de tomar partido o acción. Una especie de “ponciopilataje” muy usual en el país y consistente en echarle siempre la culpa a otro de no hacer lo que debe o no arreglar el problema, mientras uno se distancia prudentemente y se excluye cómodamente del caos que denuncia.

En esas situaciones, en las que seguramente encontrará razones para llamar sinvergüenzas a ciertos diputados, desgraciados a determinados magistrados e ineptos a otros, lo mejor, en mi opinión, es huir de los personalismos que obligan, necesariamente, a apostar por unos y desechar a otros, haciéndole el juego, justamente, a quienes desean presentar todo como una polarización permanente.

Esta claro que en esas circunstancias —quien sea que tenga razón— las inversiones en el país se verán resentidas porque se proyecta una enorme falta de certeza jurídica, al no conocerse cuándo se nombrarán jueces, cómo se hará y especialmente, quiénes incidirán en el nombramiento. Nadie con dos dedos de frente querrá invertir su dinero en este país —necesitado de inversión— porque no existen las condiciones político-jurídicas para que el cálculo económico se sustente en suficiente previsibilidad. Además, tampoco interesa al inversor local que según apueste le puede ir bien o mal y eso no es opción en negocios de largo plazo, aunque sí en capitales golondrinas que aprovechan tales situaciones para sacar tajada.

Los principios universales de respeto a las normas, eficacia de la justicia y observancia de contratos y derechos, están, en estos momentos, muy cuestionados en el país, y eso tendrá el costo propio de la coyuntura. Las clasificadoras de riesgos bajarán la confianza, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán. Es una pena que quienes ocupan puestos de responsabilidad no se den cuenta del daño que hacen al país, pero es mucho más penoso e irresponsable que quienes hemos elegido a esos representantes nos quedemos callados, pasivos y expectantes de lo que ocurre, mientras destrozan el futuro inmediato y de corto plazo para salvar sus espurios intereses del momento.

Si las Cortes, el Congreso o ciertos diputados delincuentes quieren matarse, que lo hagan, pero como ciudadanos responsables debemos apremiar a que se haga la elección de jueces y magistrados conforme dictó la CC y aprobó el Congreso, algo que tenemos pendiente desde hace meses. Lo contrario es apostar por ese río revuelto que termina por darle ganancias a algunos, pero que hunde el país, destruye riqueza y no genera ningún progreso. Dejemos la polarización y pasemos a la acción constructiva y responsable porque es hora de tomarse en serio a Guatemala y dejar de pregonar amor al país o servicio al ciudadano cuando las acciones no reflejan un ápice de coherencia.