Dorothee Dieseldorff, propietaria de la finca Cubilguitz en Cobán, Alta Verapaz, relató que los terrenos han pertenecido a la familia desde hace 110 años y hace 18 meses fueron invadidos por más de 300 personas.
En seis ocasiones diferentes se han emitido órdenes de desalojo, pero ni la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se han presentado para ejecutarlas, “existe temor entre las mismas autoridades de accionar en estos temas”, lamentó Dieseldorff.
Los invasores han tomado aproximadamente el 30% de la finca Cubilguitz, lo cual ha generado pérdidas millonarias para los propietarios, debido a que se pierden cosechas, plantaciones y activos, por la pérdida de terrenos utilizados para siembras.
“El Estado y los gobiernos han permanecido inactivos ante tales hechos, e incumplen su deber constitucional de proteger el derecho de la propiedad privada”, enfatizó la propietaria.
Finca Cubilguitz ha perdido hectáreas de bosques de hule, producción que era exportada a varios países, siendo Guatemala un referente mundial del comercio de este producto, las pérdidas se estimaron en unos Q27 millones.
Actualmente se han perdido 120 puestos de trabajo, que equivalen a Q4 millones de ingresos para las familias de la finca, quienes están en riesgo de seguridad alimentaria.
Asimismo, se han destruido más de 10 hectáreas de bosques de pino y bosques naturales (imposible cuantificar por el momento), lo cual necesita permisos especiales para su aprovechamiento maderable.
“Los invasores instalados en la propiedad han talado los árboles para venta y para uso personal, provocando un grave daño ecológico”, afirmó Dieseldorff.
Segundo testimonio: Finca Sequibal-Agropalmito
Finca Sequibal-Agropalmito está ubicada en Cobilguitz, Alta Verapaz, en cercanías del municipio de Chisec. En marzo de 2019 fue invadida por 30 personas pertenecientes a un grupo clandestino que indicó estar al servicio del autollamado Comandante César Montes o Julio César Macías, informó Víctor Suárez, propietario de la finca.
Suárez relató que estas personas invadieron la finca violentamente, irrespetando el derecho a la propiedad privada, garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. A su ingreso, amenazaron y golpearon a trabajadores y guardias. Además, les robaron sus pertenencias, instrumentos de trabajo y dinero.
Al tomar por la fuerza parte de la finca, el grupo criminal quemó, destruyó y robó la propiedad privada invadida, así como fertilizantes, el dinero para el pago de planilla y otros activos. Vehículos tipo pic up y tractor fueron desmantelados, y sus partes, vendidas al mejor postor, aseguró el dueño de la finca.
También robaron la cosecha de palmito y cardamomo almacenada en las bodegas de la finca; y talaron árboles, solo en daño forestal representa unos Q250 mil.
En total se han perdido 2 millones de palmitos, que en ventas equivalen a unos Q30 millones. Además, pérdidas en cardamomo que ascienden a Q227 mil.
Suárez dijo que los líderes de la invasión estafaron a muchas personas, pues vendieron el derecho de lotes ubicados dentro de la propiedad privada de Sequibal-Agropalmito, queriéndose apoderar de tierras que poseen sus dueños legítimos, quienes cuentan con escrituras que demuestran su propiedad legal.
Para julio de 2020, más de 300 personas invaden la finca y cada usurpador paga montos entre Q500 y Q5 mil, afirmó el propietario de la finca.
Plantean creación de fiscalía
Las actividades agrícolas generan empleos, aportan a la economía del país y el desarrollo a las familias y comunidades en su entorno. La certeza jurídica es un elemento clave para las inversiones nacionales y extranjeras en el país, enfatizó Carlos Torrebiarte, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).
Torrebiarte dijo que plantean la creación de una fiscalía de Protección a la Propiedad Privada en el Ministerio Público y que el delito de usurpación sea catalogado como crimen organizado.
Edgar Taylor, abogado penalista comentó que hay dos aspectos que se evidencian en el Código Penal, uno es el de usurpación, que es considerado de acción permanente, es decir, que quien lo comete está en constante flagrancia, y el segundo, es que los protocolos de desalojo son complicados e impiden acciones contundentes.
“El delito de usurpación se clasifica en tres fases: la primera es la amenaza, la segunda es la que se produjo hace más de 30 años y la tercera son las más recientes, y deben ser apreciados en su justa dimensión”, dijo Taylor.
En opinión del abogado penalista los jueces y los fiscales se quedan solos y tienen miedo de tomar estos casos, por lo tanto, se debe garantizar su seguridad.
