En la actual crisis que afronta el país, el problema no es la Corte de Constitucionalidad (CC), no nos engañemos. La embestida que afrontan cuatro magistrados de esa corte porque se “autoampararon” no es más que una estratagema para ocultar el verdadero propósito: la cooptación de la justicia por parte de las mafias, que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado. El discurso amañado ha convertido a los magistrados de la CC en los malos de la película, sobre quienes ha caído todo el andamiaje del sistema corrupto, que el año pasado también se confabuló contra la Cicig. En esa campaña participan desde el Cacif y sus satélites, los magistrados venales de la actual Corte Suprema de Justicia, grupos de abogados, partidos políticos y activistas ultraderechistas. Es toda una narrativa que se construye para eliminar el último dique de defensa constitucional.

Quienes ahora se lanzan contra la CC están interesados en ocultar la grave situación que ha desatado la alianza oficial en el Congreso. Al servicio del diputado Felipe Alejos, esa estructura paralela busca tener el control de la justicia a través de imponer magistrados a su servicio. ¿Qué crimen cometieron los cuatro magistrados de la CC? Sencillamente instruir al Congreso a elegir magistrados con base en criterios de idoneidad y honorabilidad, lo cual excluía a los candidatos que se habían reunido con el empresario Gustavo Alejos, implicado en cinco casos de corrupción. Lo que correspondía a los legisladores era evaluar si el comportamiento de los aspirantes era compatible o no con el perfil que se requería para ser magistrados. Al ver que no podían elegir a sus secuaces, los diputados de la Comisión Permanente del Congreso decidieron no cumplir la orden de la CC y cayeron en el delito de desacato. Más aún, en forma ilegal mantienen la Comisión Pesquisidora contra los magistrados de la CC, cuyo dictamen, ya se sabe, pedirá el desaforo de estos.

Además de buscar la cooptación de las cortes, este virtual golpe de Estado esconde la maniobra de evitar que Felipe Alejos sea investigado por el caso Traficantes de influencias, una red que operaba en la SAT para agilizar la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas. Como parte de esa estrategia, por cuarta vez los magistrados de la CSJ mantuvieron la inmunidad de este diputado, pese a las evidencias en su contra. No se trata de ningún berrinche, es sencillamente que estos magistrados sirven a los intereses del Cacif porque si se destapa este caso, saldrían los nombres de muchos empresarios que utilizaron los servicios de Alejos, lo cual no conviene a estos ilustres ciudadanos. Ese es el encono contra la CC que ordenó a la CSJ conocer de nuevo el antejuicio contra Alejos. Esta estrategia también se ha articulado para lanzar una campaña de desprestigio contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien lleva el caso contra los dos Alejos.

El presidente Alejandro Giammattei trata de aparentar que no está involucrado en este burdo ataque. Sin embargo, su apoyo al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, lo coloca como parte de esa estructura que trata de cooptar la justicia. Algunas voces han llamado a una solución negociada de la crisis, pero eso significaría que los magistrados de la CC deban sentarse con las mafias. Ahora es tiempo de que la fiscal general, Consuelo Porras, actúe y no se escude en que el caso lo trasladó a la Fiscalía de Delitos Administrativos para que lo investigue. No, eso es cubrir el sol con un dedo y negar que los diputados de la Comisión Permanente incurrieron en un delito flagrante, por lo que automáticamente han perdido su inmunidad y deben ser capturados sin mayor demora. La fiscal Porras tiene en sus manos la decisión de cumplir la ley o convertirse en cómplice del golpe de Estado que tendrá graves consecuencias.