Apenas se van a cumplir seis meses del actual mandato y ya van tres relevos ministeriales en el equipo de Gobierno, dos de ellos perfectamente atribuibles a deficiencias de gestión de sus áreas frente al impacto de la pandemia de coronavirus en el país, una situación que cambió las prioridades que pudo tener la administración. A causa de esta contingencia es posible poder comprender la causalidad de tales relevos, pero a la vez es innegable el desgaste político que conllevan, así como las lecturas que se puedan efectuar sobre las prioridades reales.

Se puede comenzar con el cambio más reciente, acaecido ayer, cuando asumió Rafael Rodríguez Pellecer como ministro de Trabajo, en sustitución de Rafael Lobos Madrid. No se especificaron los motivos de la destitución, pero quedó registrada en medios periodísticos la notoria lentitud en el procesamiento de solicitudes de suspensión de trabajadores de empresas afectadas por el cierre preventivo total o parcial, la correspondiente caída de ventas o la reducción de pedidos al exterior.

Aunque las restricciones se implementaron el 15 de marzo, no fue sino hasta el 8 de abril que se creó un primer mecanismo en línea para solicitar el beneficio por suspensión temporal; las respuestas fueron a cuentagotas y para mayor agravante hubo algunos pagos de asistencia a empresas que no se encontraban solventes en materia tributaria, en tanto que los trabajadores de otras que sí lo estaban, no tenían resolución favorable aún. Muchas excusas se pueden esgrimir, pero ninguna tiene peso ante la angustiosa realidad de miles de guatemaltecos sin ingresos. En todo caso cabe señalar que Rodríguez dejó la Oficina Nacional de Servicio Civil, en donde perfilaba planes para reformar el sistema de contrataciones. Hará falta ver si quien le suceda le da continuidad a este importante proceso que desemboca en una nueva ley de servicio público.

Con respecto al cambio en el Ministerio de Gobernación se ha explicado muy poco. El cambio de Edgar Godoy Samayoa por el exdiputado Oliverio García Rodas podría obedecer a un intento por contar con un experto en la administración pública para reconstituir la política de seguridad, así como para replantear la postura del Ejecutivo en torno a las reformas del sector justicia, lo cual tiene conexiones con el sistema penitenciario, el desempeño de la Policía Nacional Civil (PNC) y hasta con la colaboración con agencias estadounidenses de combate al narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora, la única variante tangible ha sido el relevo del director de la PNC sin mayores explicaciones, ello sin mencionar que en varios puntos del país se han producido ataques armados mortales, a plena luz del día, pero los agentes parecen más concentrados en capturar a familias que efectúan reuniones que desafían el toque de queda.

Aunque se le nombró a cargo de un proyecto de construcción de nuevos hospitales, al exministro de Salud Arturo Monroy no se le ha visto ni oído referirse al avance de tan urgentes proyectos. El desfase de datos, la lentitud en el procesamiento de pruebas, las limitaciones en la provisión de insumos y equipo de protección a médicos, así como la demora en la contratación de proveedores fueron factores que motivaron su salida, que más fue un mutis teatral que una verdadera destitución. En todo caso, es muy poco el beneficio de la duda y mucha la necesidad de ampliar la atención a pacientes de covid-19. Pero si no da resultados no será ya solo él quien cargue con el desgaste, sino quien solo lo movió de puesto en un momento tan apremiante.