Quienes alguna vez hayan leído mis artículos —los he publicado por alrededor de treinta años— saben que he dedicado buena parte de mi vida a estudiar y promover las ideas del liberalismo clásico y del Estado de derecho. He tratado de explicar cómo los proteccionismos de tinte mercantilista, los privilegios y las barreras a la libre competencia, al igual que los impuestos al capital, las limitaciones al libre ejercicio de los derechos de propiedad y la falta de respeto a la intangibilidad de los contratos nos han hecho más pobres a la generalidad de las personas.

En relación con las acciones promovidas en contra de la CC, basadas en la tesis de que cuatro de sus magistrados han incurrido en prevaricaciones y violaciones a la Constitución, he sostenido públicamente que, con base en la Ley, no procede perseguirlos criminalmente por el mero contenido de sus opiniones vertidas en sus sentencias.

Un buen número de esas sentencias de esta y de cortes anteriores han sido marcadamente antiliberales; es decir, contrarias a mis ideas. Sin embargo, una de mis más firmes convicciones es que la esencia de un Estado de derecho requiere del respeto a lo que resuelva ese tribunal que, de acuerdo con la Constitución, tenga la última palabra.

Los norteamericanos demostraron al mundo qué significa eso. Durante la época del “New Deal”, la Suprema Corte de Justicia de los EE. UU. anuló, una tras otra, muchas de las leyes promovidas por el presidente Roosevelt (F.D.R). Y, contando con la mayoría suficiente en ambas cámaras, propuso una iniciativa de reforma constitucional llamada The Court Packing Bill. La idea era aumentar el número de magistrados, de tal modo que los nuevos fueran nominados por F.D.R. y confirmados por el Senado, dominado por su partido. Así, conseguiría una mayoría en la Suprema Corte.

Sin embargo, cuando la iniciativa llegó al Senado, los propios senadores demócratas la rechazaron porque, parafraseando sus palabras: no importa cuán acertadas sean las políticas económicas del gobierno, es inconmensurablemente más importante para el futuro institucional de los EE. UU. que la Suprema Corte sea independiente.

Los fallos de la CC en materia de minería, de hidroeléctricas, de consultas populares, etc., han sido considerados por algunos como nocivos al desarrollo económico y político de Guatemala. En cuanto a eso, yo pienso que, ciertamente, cabían otras interpretaciones razonables y salidas menos dañinas para los inversores y la economía en general. Pero eso no conforma un delito de prevaricato ni uno de resoluciones contrarias a la Constitución. Eso revela la primacía de un criterio de intervencionismo estatal, o cosas parecidas. Cuando se trata del tribunal de justicia con la última palabra, para denunciar un prevaricato sería necesario demostrar que, como motivo de la opinión vertida en la sentencia, se produjo algún elemento objetivo adicional (por ejemplo, un soborno, una promesa de recibir dádivas o favores).

Si un liberal llegara a la CC, seguramente daría más peso a la norma constitucional que protege la economía de mercado que a la que permite al Estado estimular la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, etc. Consideraría más amplio el derecho de propiedad que la potestad tributaria del Estado, entendería el derecho a la industria y el comercio como preponderante sobre las facultades regulatorias del Estado. Y quizás algunos denunciarían: ¡prevaricato! Pero no sería más que una visión liberal del mundo, reflejada en sus interpretaciones de la Constitución.