“El infierno está vacío, y todos los diablos están aquí”, declara Ariel, un personaje en La Tempestad, de Shakespeare, obra teatral que trata de magia, traición, amor y perdón. En el triángulo dramático desamoroso entre la CC, CSJ y el Congreso quizás hay magia y traición; con seguridad no hay amor ni perdón. En este triángulo desamoroso no se sabe quiénes son los bandidos y quiénes son los buenos; quizás todos son bandidos. Buenos y malos es irrelevante, el tema de fondo es la ley y su correcta interpretación y aplicación.

El viernes 26 de junio la CSJ dio trámite a una solicitud de antejuicio promovida por el abogado Roberto Hernández Guzmán, por la supuesta comisión de delitos, contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela. La CSJ lo remitió al Congreso, donde la Comisión Permanente conformó la pesquisidora con tres diputados. La comisión pesquisidora sería la encargada de elaborar un informe al pleno para recomendar si se debe o no retirar la inmunidad a los magistrados. Retirar la inmunidad requeriría 107 votos en el Congreso, no para desaforar o condenar, tan solo para permitir que sean investigados.

Acto seguido, el PDH Jordán Rodas, Helen Mack y Edie José Cox solicitaron amparo a la CC para anular lo actuado. La CC, integrada con tres de los magistrados imputados, Gloria Porras, Francisco de Mata y Bonerge Mejía, así como María Cristina Fernández y José Par Usen, otorgó el amparo, cuyo efecto anula la decisión de la CSJ y ordena al Congreso detener el proceso.

Esta película es repetida y ya la vimos. Hace diecisiete meses escribí sobre el mismo tema (En el filo de la navaja institucional, PL, 7/02/2019), por otra ocasión en la que la CC también se “autoamparó”. Sobre el caso actual, algunos prominentes abogados califican la decisión de la CSJ como una güizachada para entregarle las cortes al crimen organizado, un intento de golpe de Estado, y declaran que la CC de ninguna manera se “autoblindó”, sino que defendió el Estado de derecho. Chepe Zamora publicó una fuerte diatriba contra la CSJ —exceptuando a una magistrada que a su juicio es pulcra— por “otra burda y desesperada maniobra contra la CC”. Juzga al abogado que interpuso la denuncia como “güizache de poca monta” y a Allan y Felipe como “repugnantes operadores de tercera categoría”, pasando por el polvo blanco y enumerando una serie de actos corruptos. Es lectura entretenida, Roberto aquí, Allan allá, Felipe no sé qué, pura descalificación personal. ¿Y la ley qué? De ninguna manera defiendo a estos personajes, pero hay que ser muy ingenuo para calificarlos de lobos operadores y a los magistrados de la CC como mansos corderos, campeones de la justicia que defienden el estado de derecho. Por el contrario, han venido causando una tras otra crisis institucional, persiguiendo su agenda política e intereses propios.

Muchas voces coinciden en que el autoamparo de la CC violenta principios jurídicos elementales y es una clara falta a la ética. Como dijo alguna vez un sabio amigo, no soy abogado, pero sé leer; desde cualquier ángulo que se aprecie, los magistrados de la CC conocieron un caso en el que ellos son los imputados, ellos se juzgaron y se exoneraron. Que entre todo esto figuren supuestos güizaches o ladrones, no es atingente. No pretendo saber quiénes son los buenos y quiénes los malos en este drama. Lo cierto es que no se puede tomar en cuenta la ley cuando se ajusta a mis intereses u opiniones y desconocerla cuando no. Un juez no se puede juzgar a sí mismo; si lo hace no es juez, es cómplice.