Injerencias sectarias, la politización de las elecciones de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, así como las posibles extralimitaciones en que incurren tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad han conducido al sistema de justicia a un punto crítico del cual hay que buscar salidas jurídicas para emprender una recuperación institucional y establecer nuevos parámetros legales de acción, a fin de lograr una refundación del sistema de aplicación de justicia, independiente de influencias de partidos, caciques, operadores y grupos opacos.

El actual conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, obedece básicamente a la recurrencia de decisiones basadas o inducidas por intereses aparentemente extrajurídicos. La batalla por la defensa del Derecho es relegada por pulsos entre determinadas visiones o intereses, lo cual desnaturaliza la razón de ser de ambos cuerpos colegiados, a los que la Constitución de la República estipula funciones específicas.

La CSJ avaló un antejuicio en contra de cuatro integrantes de la CC debido al amparo otorgado a la fiscal general, Consuelo Porras, quien solicitó detener el proceso de designación de nuevos magistrados de CSJ y salas de Apelaciones por riesgo inminente al sistema de justicia debido a la injerencia del operador político Gustavo Alejos, evidenciada en febrero último y que representó un nuevo aplazamiento de la elección, puesto que en el 2019 la CC dictaminó a favor de corregir el proceso de calificación de jueces, lo cual imposibilitó que hubiese magistrados sucesores el 13 de octubre último. El pleno de magistrados de la CSJ aprobó el 12 de octubre la continuidad temporal de magistrados, basada en una opinión consultiva de la CC.

El Congreso armó una comisión pesquisidora contra cuatro magistrados de la CC, pero el procurador de los Derechos Humanos solicitó un amparo a ese mismo tribunal para detener tal pesquisa, el cual fue otorgado y se encuentra vigente. Es aquí donde colisionan las posturas: sectores empresariales y diputados oficialistas consideran que es ilegal, porque se trataría de autoamparo; otro grupo empresarial, diputados opositores y defensores de derechos estiman que tal antejuicio es un golpe de Estado que busca descabezar a la CC, que arrastra el desgaste de fallos que han suspendido actividades extractivas e incluso orillan al país a demandas internacionales. Sin embargo, es innegable el papel oficioso de grupos que intentan colar a sus alfiles en el Organismo Judicial, como un botín de influencia y posible fomento de impunidad.

No es una discusión fácil. Hay argumentos racionales, legalistas y emocionales, pero la prioridad debe ser preservar la institucionalidad. ¿Se necesita una reforma al sector justicia? Sí. ¿Se necesita un replanteamiento en la jerarquía y alcances de las altas cortes? Sí, pero no solo para evitar pulsos como el actual, sino para atajar litigios maliciosos, la manipulación antojadiza de casos o las resoluciones que rebasan las potestades.

Se ha señalado que la CC se ha extralimitado en sus funciones y que es juez y parte, al sobrepasar la interpretación del texto de la Carta Magna y convertirse en una súper corte, con mando prácticamente sobre todo el andamiaje jurídico. Ha resultado contraproducente la intromisión en decisiones sobre temas ordinarios que tarde o temprano llegan a esta instancia por la vía del amparo, a veces sin pasar por otras instancias, un recurso que se ha multiplicado exponencialmente, al punto que todos los caminos jurídicos parecen confluir en ella.