La historia nos enseña que no hay transición de un gobierno autoritario a uno democrático que no pase por unas negociaciones, a menos que sea por un golpe de Estado, guerra civil o intervención militar extranjera. Las negociaciones generalmente involucran a todos los que tienen intereses en el resultado de esas negociaciones, que no son necesariamente solo las partes internas del Estado en cuestión, sino también actores internacionales. Hubo negociaciones en los casos de Polonia, Chile, España, Filipinas, Indonesia, Nicaragua y Suráfrica. En estos dos últimos la negociación vino después de conflictos armados internos.

La negociación es un proceso de decisión interdependiente, en la cual los resultados para cada parte dependen no solo de su propia acción, sino de lo que haga, deje de hacer o se piense que vaya a hacer el “otro”, y hay negociación posible cuando las partes consideran que negociando se puede lograr algo mejor de lo que se puede obtener sin negociar. En la teoría de las negociaciones se afirma que la parte que tenga la mejor alternativa al acuerdo negociado (MAAN o BATNA, en inglés) es la parte que tiene más poder. En efecto, no voy a negociar si mi alternativa es mejor que cualquier posible acuerdo. En el caso venezolano es evidente que una posible salida negociada a la gravísima crisis socioeconómica y política implicaría una compleja red de negociaciones entre múltiples actores. Además del régimen y la alternativa democrática estarían, en mayor o menor medida, los EE. UU., Rusia, Cuba, China, Colombia, Brasil y la UE.

Hasta ahora, el régimen siempre ha considerado que su MAAN es preferible a cualquier acuerdo negociado, porque ha percibido que los potenciales costos de su salida del poder son superiores a los incentivos para aceptar una transición. El politólogo Robert Dahl decía que para que un régimen autoritario dejara el poder, era necesario reducir los costos de su salida (costos de tolerancia, según Dahl) y aumentar los costos de la represión que el régimen ejerce sobre la población para mantenerse en el poder.

Los costos de la represión en Venezuela aumentarían si hubiese una mayor amalgama política de las protestas por el creciente desastre socioeconómico. Sin embargo, el colapso de los servicios públicos, la “crisis” de la gasolina, el creciente efecto de las sanciones, particularmente en materia financiera y el probable incremento de la crisis sanitaria por el coronavirus, están haciendo mella en la misma capacidad de gobernar del régimen. La propuesta de Pompeo y Guaidó de un gobierno de emergencia nacional con presencia de dirigentes chavistas no implicados en la criminalidad organizada y el mantenimiento temporal del Alto Mando militar le está proporcionando una reducción significativa de los costos de salida. Hasta para Maduro y sus colaboradores más cercanos, la propuesta les deja la posibilidad de refugiarse en Rusia, Cuba, China, Irán y Turquía, entre otros.

La propuesta viene acompañada de advertencias y amenazas: La flotilla antinarcóticos en el Caribe, las imputaciones por narcotráfico del fiscal general Barr, las millonarias recompensas por las “mayores cabezas” del régimen, la movilización a Colombia de una brigada del ejército de EE. UU. y las fuertes declaraciones norteamericanas que mencionan las diferentes alternativas de acciones de fuerza posibles en el siglo XXI. No creo que los EE. UU., por razones geopolíticas, puedan aceptar, a mediano plazo, con Trump o sin Trump, que Putin logre mantener a Maduro, “vía Cuba”, en un país del hemisferio occidental. Para el régimen los costos de salida han disminuido y los riesgos de mantenerse en el poder han aumentado.