El derecho no radica en el Estado, no es imposición porque su fuente es la razón, se forma en el día a día y su sustento está en la sociedad. Una ley percibida como injusta o inadecuada está condenada a desobedecerse.

Una sociedad, en cualquier parte del mundo, se organiza para protegerse y el Estado se estructura para buscar el bien común. No tiene razón una sociedad que no se proteja. La noción de Derechos Humanos surge del concepto de dignidad y acá la concepción cristiana del hombre y la mujer tiene una gran influencia en el desarrollo cultural de occidente. Si una sociedad no valora la dignidad de sus miembros se produce violencia.

Los derechos humanos son propios de cada uno de nosotros, la naturaleza nos los brinda por el solo hecho de existir y no son granjerías o concesiones del poder público. Mañana pueden dejar de existir leyes, reglamentos y tratados. Sin ellos tenemos nuestros derechos y debemos gozarlos, por ello la igualdad es clave para pelear por nuestra dignidad. El estudio de los derechos humanos va de la mano de las luchas históricas por la dignidad. Una sociedad desarrollada es aquella que combate la arbitrariedad y el abuso.

La violación al derecho a la libertad de cualquiera de nosotros constituye una amenaza para cualquiera, por ello los niveles de corrupción alcanzados y tolerados son consecuencia de un proceso histórico donde no hemos defendido lo básico.

Guatemala tiene un terrible deshonroso sitio en el mundo, por ser uno de los países con más cantidad de personas desaparecidas por parte de sus autoridades. “La desaparición forzada constituyó una práctica sistemática que violó múltiples derechos de las personas, entre otros, la libertad, la integridad física, el debido proceso y la vida. La característica central de la desaparición forzada consiste en la negación de la detención, la información sobre el lugar de la misma y el paradero final de la persona detenida por parte de las fuerzas de seguridad que efectuaron la captura”, sostuvo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y agregó que la desaparición fue una práctica común de fuerzas del Estado implementadas por el Ejército, las PAC, comisionados militares, Guardia de Hacienda, Policía Nacional, Judicial y escuadrones de la muerte con la mira de desarticular cualquier organización social, y por ello partidos políticos, asociaciones, sindicatos, cooperativas y catequistas fueron víctimas, arrastrando hasta niños y ancianos en un afán de venganza estúpido de quienes miraban enemigos en quien pensara distinto.

A la fecha no hemos dado una respuesta a las familias de más de 45 mil desaparecidos, y este espanto no ocupa espacio en la agenda política. ¿cómo, entonces, nos ocuparemos de que el Ejército monte una parranda en plena pandemia y exista silencio por miedo? ¿Cómo se denuncia corrupción si creemos que el abuso es parte natural del ejercicio del poder?

Si los guatemaltecos no reaccionamos ante la práctica más cobarde que existe por parte del poder, como lo es la desaparición de una persona por parte de fuerzas de seguridad, no podremos concretar cualquier acción política que combata el abuso y la arbitrariedad. En cuanto a los detenidos desaparecidos, llama la atención que en Guatemala existe una notable diferencia de lo ocurrido en Chile, El Salvador o Argentina, ya que acá ningún oficial importante ha colaborado de forma pública para indicar en dónde están los cuerpos de tantas víctimas, no hay ni el mínimo arrepentimiento.

Si el drama de los desaparecidos se explica o justifica desde el espectro ideológico, el básico concepto de dignidad está perdido y esta realidad condena a nuevas generaciones, colocándonos como una sociedad primitiva donde el desarrollo no es viable, porque si la vida no se valora, ¿cómo vamos a defendernos de cosas menores?