Hasta el cansancio se ha repetido la necesidad de frenar la injerencia de operadores ilícitos, de intereses partidarios y de transparentar los procesos de supervisión, sanción y promoción en el Organismo Judicial, a fin de generar mejores condiciones para su independencia. El actual proceso de selección, rezagado a causa de graves síntomas de intromisión sectaria, es el mejor argumento para buscar una mejora sustancial, consensuada e integral.

Durante una actividad del Ministerio Público, el presidente Alejandro Giammattei anunció que el próximo viernes se efectuará la presentación de una propuesta de reforma, que será puesta en discusión para ser fortalecida, pero cuya principal característica es la eliminación del sistema de comisiones de postulación, debido a las disfuncionalidades crecientes que las mismas han padecido, al punto que llegaron incluso a crearse algunas universidades con facultad de Derecho y otras adicionales tan solo para poder insertarse en tales cuerpos de selección.

Dicho lanzamiento despierta expectativa, aunque cualquier desborde de optimismo debe esperar a conocer el texto de la misma, las adiciones constructivas que puedan efectuar sectores colegiados, notables y los propios jueces, en una discusión que debe permanecer abierta y a la vista de la ciudadanía, sobre todo porque el propio mandatario anticipa que será ella quien deba demandar al Congreso que el proceso sea conocido y discutido, pero no trastocado, puesto que han sido los intereses políticos los que han conducido al desgaste y descrédito actual. Si bien el Legislativo es la institución responsable de aprobar cualquier reforma, debe hacerlo sin caer en sectarismos o miopías convenencieras.

Cambiar el proceso de elección de magistrados es solo uno de los aspectos imprescindibles para una verdadera reforma del sector justicia. Fortalecer el Consejo de la Carrera Judicial, sistematizar los procesos de auditoría de procesos y los correspondientes mecanismos disciplinarios, además de periódicas evaluaciones a los tribunales, totalmente ajenas a simpatías o animadversiones, figuran dentro de los aspectos críticos para una auténtica transformación de este organismo del Estado, puesto que su radio de acción abarca no solo procesos penales sino también querellas civiles, familiares, mercantiles, tributarias y laborales.

Al detallar estas ramas concretas de aplicación del Derecho se está enfatizando que el acceso a una justicia pronta y cumplida es una aspiración que ha tenido que enfrentar múltiples valladares, desde tráfico de influencias, intromisión de magistrados venales —varios de ellos destituidos por su obvia falta de idoneidad o incluso bajo procesos—, conductas antiéticas e interferencias de personajes opacos vinculados con sindicatos judiciales, grupos políticos, bufetes y camarillas.

El anuncio presidencial ocurre justo después de la entrega al Congreso de la República del informe del Ministerio Público referente a los nexos de ciertos aspirantes a magistrados, así como integrantes de comisiones postuladoras, con comerciantes de favores. Los diputados no pueden obviar las vinculaciones de ciertos candidatos y además tienen que votar de viva voz para definir a la siguiente Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. No obstante, el mandatario dejó entrever que los actuales magistrados podrían seguir un tiempo más, pero en todo caso no deberían formar parte de una corte posterior, para evitar cualquier conflicto de interés.