Carmen Urizar, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) califica como un peligro que se haya politizado la intención de apoyar a familias vulnerables.
La experta considera que la idea del proyecto de ley para prohibir cortes de servicios era bien intencionada, pero faltó mejorar los análisis y detalles técnicos.
Uno de estos es que se generaliza esa prohibición por lo que se abre la posibilidad de que cualquier usuario, aunque tenga capacidad de pagar también deje de hacerlo. Urizar opina que se debió focalizar en el mismo grupo de usuarios que otros fondos de apoyo, como en los consumos de hasta 200 kilovatios hora y que tenga ciertas características socioeconómicas
Ante la advertencia de sectores del impacto como el de electricidad de que las empresas podrían caer en iliquidez para efectuar a los proveedores de energía y de combustible y hacer insostenible el servicio, Urizar dijo que deberá buscarse como llegar a un acuerdo que disminuya esos espacios que generan riesgos de suministros, pero expuso que no debe politizarse ya que eso no ayuda al país a salir adelante en este momento de emergencia.
“Si (el decreto) no está bien redactado hay que buscar dialogar sobre bases técnicas y redactarlo adecuadamente”, dijo Urizar exponiendo que al ponerse en riesgo el servicio de energía dejarían de funcionar otros como el agua, internet, hospitales y la economía en general que requiere del suministro de electricidad, añadió.
El decreto en mención establece la prohibición para cortar servicios públicos como energía eléctrica, agua y teléfono e internet por el tiempo que dure la emergencia derivada del covid 19, por lo cual desde marzo se restringieron actividades del sector público y privado.
¿Tendrá algún efecto en la economía y sistema financiero?
Sergio Recinos presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) explicó que en la sesión del miércoles 20 de mayo se recibió a funcionarios del sector eléctrico quienes expusieron las deficiencias de decreto 15-2020 y las acciones legales que dicho sector ha planteado.
“Se les escuchó, JM acordó analizar el tema y se pidió a los cuerpos técnicos ilustrar cuál podría hacer el efecto”, comentó.
El funcionario dijo que la relación de la cartera total del sector eléctrico en el sistema financiero es de 5.9%, aunque expuso que dicha cifra no es tan grande, advirtió que “obviamente podría tener un impacto”, tomando en cuenta que una de las preocupaciones del sector es que podría entrar en una cadena de impago a sus proveedores. “Podría haber un impacto, pero no es tan significativa”, añadió Recinos.
El porcentaje en mención significaría que el sector de electricidad tiene una cartera de unos Q12 mil 500 millones, aunque el investigador de Fundesa, Fernando Spross, dijo que el monto ronda en Q15 mil millones.
Insisten en efecto en sostenbilidad de servicio de electricidad
El sector de electricidad ha criticado que como el decreto generaliza la prohibición de corte, y no se específica a consumidores vulnerables, los usuarios de cualquier tipo de consumo podrían dejar de pagar por algunos meses.
Ese aspecto pone en riesgo la liquidez de las empresas prestadoras de esos servicios, porque la distribuidora ya no tendría como pagar a los generadores de energía y estos a la vez corren el riego de no tener la liquidez para la compra de combustible, y se podría generar un racionamiento de energía dijo Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG).
Recinos insistió en que no podría haber un efecto sistémico en el sistema financiero, ya que la cartera no alcanza el 6% del total de créditos y está diversificada en varios sectores, apuntó el presidente del Banguat.
Sin embargo expuso que podría generar un efecto sistémico en la economía real, si se llegara a un desabastecimiento de la energía por lo que se espera que no llegue a ese escenario.
El presidente de la banca central destacó que sería una preocupación que derivado de cortes de energía o que no se preste el servicio, se tengan otras implicaciones para toda la sociedad, hospitales, fábricas, alumbrado público y privado. Eso podría tener impactos significativos en el sector real de la economía, aspecto que calificó como “delicado”.
El sector de energía esperaba que se modificara la ley, y se definiera que solo podría aplicar a esa medida los usuarios de hasta 300 kilovatios hora el mes, y por un tiempo limitado, pero cuestionó que como está establecido el decreto 15-2020 abarca a todos los usuarios pueden dejar de pagar por tiempo indefinido, y no se establece con qué se podría financiar las operaciones del sector de electricidad mientras se recupera esos montos.
El decreto no establece que se regalarán los servicios, sino que se diferirán los pagos, pero eso ya lo están haciendo las distribuidoras, sin que esté vigente esa ley explicó Fernández. Hasta el 20 de mayo esas compañías habían firmado 7 mil 500 convenios de pago con los usuarios, para diferir las cuotas pendientes por 12 meses, agregó.
El sector presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC) 13 amparos contra el procedimiento que usó el Congreso para rechazar el veto del presidente de la República. Sin embargo, dicha Corte no se pronunció en ninguno de estos, dijo el director ejecutivo de la ANG. Ahora se preparan para la posibilidad de presentar otras acciones legales cuando entre en vigencia el decreto.
El presidente vetó esa ley, el Congreso rechazó esa decisión, y esperó que el mandatario lo publicara para que cobrara vigencia, sin embargo esta semana se venció el plazo y eso no se concretó, por lo que ahora el Congreso, usando esa facultad que le otorga la ley ante estos casos lo mandó a publicar.
Congreso lo pondrá en vigencia
El tercer vicepresidente del Organismo Legislativo, Armando Castillo, confirmó el miércoles que enviarían el decreto 15-2020 al Diario de Centro América para que se publique este jueves 21.
“Hoy (ayer) es primer día de los tres que tiene la Comisión Permanente para mandarlo a publicar porque es un decreto que protege a los usuarios de energía eléctrica, agua y telefonía”, dijo Castillo. “Es importante ver lo que pasa y es el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y se enviará a publicar”, agregó.
Impacto por sectores
Spross mencionó que hicieron un análisis acerca de las implicaciones económicas a los sectores incluidos en esas disposiciones e indicó que el total de facturación que se pone en riesgo es de Q30 mil 400 millones (alrededor del 5% del PIB).
Entre estos Q11 mil 642 millones en electricidad y agua, y Q18 mil 576 millones en telecomunicaciones.
Entre EEGSA, Deocsa, Deorsa y las empresas eléctricas municipales, está en riesgo la facturación mensual actual de Q917 millones, de los cuales Q642 serían para pago a generadores de electricidad y otros proveedores, Q77 millones mensuales por peaje de transporte de energía, alrededor de Q60 millones entre pago de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, y otros, además del alumbrado público para las municipalidades.
Fernandez, director ejecutivo de ANG, mencionó que al menos Q250 millones mensuales destinan los generadores para compra de combustible.
Agregó que basado en la experiencia de El Salvador, se cree que alrededor del 30% de usuarios sí mantendrá sus pagos, por lo que del 70% que deje de pagar, entre EEGSA y Energuate dejarían de recibir Q523 millones mensuales.
Agregó que, aunque el estado, por medio del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) les traslade el aporte por el subsidio a los usuarios de entre 0 a 300 kilovatios hora al mes, este solo cubre alrededor del 30% del total de la facturación de las distribuidoras.
