El confinamiento impuesto para controlar la peor pandemia de la historia moderna ha cercenado de tajo nuestras libertades esenciales, cercándonos con un muro de imposiciones surgidas desde centros de poder, los mismos que hace apenas unos meses eran objeto de fuertes manifestaciones de protesta a lo largo y ancho del planeta. A decir verdad, el ataque de este virus desconocido y aparentemente indestructible ha venido a crear un estado de impunidad muy conveniente para aquellos gobiernos que hasta no hace mucho vacilaban en la cuerda floja. Esto, sin embargo, no es nuevo; las tragedias y catástrofes, naturales o no, han servido siempre como excusa para facilitar el acceso a mecanismos extremos de poder político a individuos y grupos cuyo desempeño, tarde o temprano, les hubiera costado la pérdida de autoridad.

Nuestra realidad se ha reducido de pronto a callar y obedecer, no importa cuán desatinadas sean las órdenes superiores dictadas e impuestas por medio del miedo y la represión. En la mayoría de nuestros países, a la población se la acorrala y reduce a una obediencia humillante mediante la fuerza de las armas, con ejércitos patrullando las calles y policía agrediendo sin compasión a los más pobres, premunidos de una autoridad capaz de transformar en delito actos tan elementales como la búsqueda de medios para sobrevivir. De modo inexplicable, el simple hecho de salir de casa es hoy un acto subversivo merecedor de un castigo ejemplar; y, aun cuando el confinamiento sea una medida acertada y necesaria para detener la pandemia, el modo de imponerlo ha significado, en muchos países, la abolición —mediante la violencia— de derechos garantizados por la Constitución y las leyes.

Callar y obedecer parece ser la consigna del momento. Por un razonamiento lógico (detener los contagios y evitar la pérdida de vidas humanas) se mantiene a la ciudadanía incapacitada para disentir y se la deja a merced del criterio de otros, quienes decidirán su vida y su futuro. En realidad y fuera de toda lógica, los sectores más poderosos, es decir, esos “otros” que han atrapado el poder mediante la corrupción y el pillaje, han logrado el estatus soñado: tener a la sociedad en un puño.

Si hay algo más peligroso que un virus mortal es el miedo y la desinformación, capaces de anular la capacidad de las personas para retomar las riendas de su libertad y decidir sobre su vida. Callar y obedecer es hoy y ha sido siempre una mordaza amarga impuesta a lo largo de la historia. Es un precepto capaz de debilitar de golpe las bases de las democracias incipientes y largamente anheladas por los pueblos latinoamericanos, tras innumerables golpes de Estado y atentados constantes contra los derechos humanos, políticos y económicos.

Callar y obedecer es lo que ha incapacitado a grandes sectores por medio de la explotación y la pobreza, impidiéndoles acceder al conocimiento y transformando las leyes en instrumentos propicios para obstaculizar su derecho a la participación ciudadana, activa y consciente. Callar y obedecer es la antidemocracia por excelencia y el virus la impone con todo su poder letal, amparándose en el miedo a la muerte, pero, sobre todo, en esa sensación de impotencia ante la capacidad de otros para apoderarse de nuestro destino. El silencio y la obediencia, después de todo, son producto de esa larga secuencia de abusos a los cuales estamos tan acostumbrados como para seguir eligiendo a lo peor de la oferta política para administrar nuestro presente y empeñar, con total descaro, nuestro futuro.