El tema de Belice, sinceramente, no despierta entusiasmo en los guatemaltecos. Lo consideran perdido desde hace décadas y si a ello se agrega el actual interés por todo lo relacionado con el coronavirus, el interés es prácticamente nulo. Pero es asunto de la cancillería y de la política internacional del país, a cargo específicamente del presidente de la República y, en segundo término, del Minex. Tratar lo referente a Belice en los mejores términos para Guatemala se encuentra en la Constitución y desobedecerla o actuar mal equivale a una traición a la patria porque tiene referencia con la integridad territorial. Ahora, Belice surge de nuevo a causa de una decisión de la Corte Internacional de Justicia como respuesta a un nuevo yerro del Estado de Guatemala.

En resumen, desde 2008 el canciller de ese tiempo pidió al equipo una memoria para presentarla ante la CIJ después de las consultas populares, tanto de Guatemala como de Belice, como cuando se trata el caso de los límites entre ambos estados. Por descuido, incompetencia o cualquier otro motivo este documento hasta el día de hoy no fue preparado, por no haberlo redactado en su versión final o por discrepancias entre los funcionarios participantes, tanto en la cancillería como en La Haya, Países Bajos. Las cancillerías del país no actuaron como debían, y la peor fue la anterior, del nefasto gobierno jimmimoralesco, una vergüenza nacional, al haberla descabezado y llenado con sustitutos inexpertos e incapaces.

Con motivo de la consulta popular sobre Belice, no se conoció cuáles habían sido las acciones tomadas. La fecha de entrega del documento a la CIJ era el 8 de junio próximo, pero el gobierno pidió a esa entidad internacional, a causa del coronavirus, dar un plazo de seis meses, de todos modos muy corto porque no se sabe si realmente el documento está listo. Belice se negó, como siempre, al considerar demasiado tiempo esa moratoria. La CIJ dio entonces hasta el 8 de diciembre a Guatemala, pero a Belice hasta el 8 de diciembre de 2022. Según se conoció en Guatemala, los abogados internacionales de la cancillería, a mi juicio, se vieron obligados a solicitar la prórroga, lo cual no le quita al canciller y al presidente su responsabilidad histórica de cumplir lo acordado con la CIJ.

La fecha del 8 de junio del 2020 se debe a cumplirse un año de la notificación a la CIJ sobre el resultado de las consultas. En sí, la solicitud de prórroga pone en ridículo al país y arriesga también los intereses del Estado. En resumen, a mi juicio, esta vez sí, y muy pronto, se perderá para siempre el caso de Belice. Ya hay señales preocupantes desde hace algunos años: en los mapas de Google, a disposición de cualquiera con un teléfono inteligente, la línea divisoria entre los dos países en el río Sarstún no se encuentra a la mitad de esas aguas, sino en la línea terrestre de Guatemala, lo cual implica la soberanía de Belice en todo el ancho del río, con excepción de un pedazo de unos 25 metros. Es un detalle insignificante, dirá alguien, pero por eso es importante.

La historia de Belice siempre nos fue adversa. Primero, Guatemala debió luchar con Inglaterra, el imperio más grande del mundo en el siglo XIX. Luego, la comunidad internacional y la ONU siguieron apoyando la versión inglesa del asunto, por la fuerza del Reino Unido y porque Guatemala no supo o no pudo obtener posiciones favorables, ni siquiera en el continente latinoamericano. La actual Constitución le dio la importancia debida, pero esa falta de capacidad de explicar el caso le restó importancia al tema dentro de la población guatemalteca. El conflicto armado interno provocó el desprestigio del país, y cuando Inglaterra otorgó la independencia, el 21 se septiembre de 1981, la suerte estuvo echada. Recuerdo la ironía “Belice es nuestro… vecino”. Así será oficialmente pronto.